Las defensas de ex ediles creen ‘ilícitos’ los registros

De hecho, el abogado del ex concejal Vicente Manciles ha señalado  que en el juzgado instructor "desde el día 18 de noviembre de 2005 se  creó una especie de estado de excepción procesal y constitucional que  terminó con el auto de procesamiento", lo que argumentó en que "fue  como si se afrontara un procedimiento de esta magnitud echando la  llave a la Constitución española y olvidándose de ella".

En la séptima sesión, este letrado ha vuelto a denunciar que hubo  intervenciones "prospectivas", detenciones "masivas", prisiones  provisionales "no justificadas, sino que lo que se pretendía era  forzar que los detenidos cambiaran su declaración", además de que se  quiso "prolongar el secreto en la medida que les interesaba" y  "manejar los tiempos del proceso". Además, se aportaron informes  "sesgados" o "seudopericiales" sobre la documentación intervenida.

La defensa de la ex edil Isabel García Marcos ha solicitado la  nulidad del registro de la vivienda de la ex socialista y la  intervención del dinero, unos 378.000 euros, allí hallados,  argumentando que los autos adolecen de motivación y están llenos de  "afirmaciones tautológicas de carácter general, que se pretende por  el instructor que se justifiquen por sí mismas sin aportar datos".

Asimismo, ha impugnado la intervención del teléfono de su  patrocinada, al estimar que "fue nula desde el inicio", ya que esta  medida "nunca puede ser el paso inicial de una investigación", ha  apuntado y ha señalado que tanto el auto inicial como las prórrogas  tiene "afirmaciones genéricas" sobre el poder del presunto cerebro de  la trama, Juan Antonio Roca, sobre los entonces ediles, "pero no se  aportan datos concretos ni reales".

Esta defensa ha solicitado la impugnación de las declaraciones  prestadas por su patrocinada y ha explicado que "se le interroga por  unas conversaciones telefónicas y por el dinero intervenido, a lo que  ella contesta dando unas explicaciones de las que pudiera deducirse  que explícita o implícitamente está reconociendo tanto el contenido  de las conversaciones como el dinero intervenido".

En este sentido, Rueda ha argumentado que "si el registro es  ilícito y si las conversaciones son ilícitas, también deben  declararse nulas las declaraciones y expulsarse del proceso". Además,  ha apuntado que no tiene validez una declaración cuando se presta sin  conocimiento de las actuaciones.

DISCULPAS

Por su parte, la defensa de la ex edil Carmen Revilla ha pedido  que no sea tenida en cuenta la declaración judicial de ésta, que,  según ha señalado, hizo "forzada". "En ese instante, en el que lo  único que quería era dar de cenar a sus tres hijos y a su madre de 80  años, hubiera declarado que el Plan General de Ordenación Urbana  (PGOU) lo hacía ella y que cobraba por todo con tal de salir", ha  manifestado.

El letrado Juan Carlos Rivera ha asegurado que Revilla "afronta  este procedimiento con una gran tranquilidad de saberse inocente de  los hechos", pero también, ha apuntado, "con gran indignación y  tristeza por los métodos utilizados para obtener de ella algún tipo  de declaración".

Ha aseverado que cuando hizo la declaración, en la que reconoció  haber recibido dinero de Roca y apuntó a la posibilidad de que otros  ex ediles también lo hubieran recibido, "no era consciente de lo que  suponía", por ello "quiere pedir disculpas a su familia, a sus  compañeros, a las familias de sus compañeros y a aquellas personas  que han podido sufrir por una declaración que ella hizo de toda  manera forzada".

Ha argumentado que esta comparecencia se hizo en una situación  "bastante fuera de lo común", porque "ya asustada por el registro en  su casa", se la detiene e incomunica en la Comisaría, "encerrada en  solitario en una celda con puerta metálica". Al día siguiente, "sin  hablar con nadie y totalmente asustada", lo primero que se le indica,  ha dicho, "es que si colabora en la investigación, evitará males  mayores".

Ha asegurado que, "efectivamente, si dice a todo sí, sin saber a  lo que dice sí, se obtiene una recompensa", algo que, según ha  apuntado, "no lo digo yo, lo dice el auto de prisión". Ha ironizado  con que "alguien en el juzgado se debió acordar de San Mateo y  decidieron que debía ir a dar la buena nueva, asustada pero contenta  a la vez, de que si dices a todo que sí, no ingresas en prisión".

"Se le manda con esta buena nueva a que vaya a donde estaban sus  compañeros detenidos en ese momento --en referencia a otros ex  ediles--", ha manifestado el letrado, quien ha instado a que esta  declaración no sea tenida en cuenta, como tampoco un documento por el  que se le preguntó en la declaración, en el que se habla de cómo se  gestó la moción de censura contra Julián Muñoz, del que, ha asegurado  "no sabemos de dónde ha salido".

ESPERPENTO

La defensa del ex edil Miguel Jiménez, acusado cuya mujer, que  había sido secretaria del ex alcalde Jesús Gil, falleció de un  infarto el día en que se produjo la detención de éste, ha calificado  este proceso de "esperpento" y ha apelado al "sentido común" para que  "no se mantenga ni un minuto más la pena de banquillo" de su  patrocinado, pidiendo que se sobresea la causa respecto a él.

El letrado Rafael Mesa ha señalado que tanto su cliente como la  familia vivieron "un calvario" y ha apuntado que la "injusticia"  producida con su patrocinado va desde la detención hasta estar  acusado e incluido en el auto de procesamiento que, a su juicio,  contiene "errores de bulto", como los escritos de acusación. Así, se  impugna el auto de detención y registro, en los que "brilla por su  ausencia la presunción de inocencia", ha añadido.

Ha relatado cómo se produjo la detención "con un despliegue  desproporcionado" y cómo su cliente fue informado en Comisaría del  fallecimiento de su mujer y tuvo que prestar declaración ante el juez  instructor tras acudir al entierro, para luego quedar en libertad sin  fianza. En este punto, se preguntó "si no había medios menos  gravosos" en esos momentos, como haberle tomado declaración  previamente.

Además, ha manifestado que para continuar "el despropósito" en la  actuación respecto a su patrocinado, en marzo de 2008, dos años  después del fallecimiento, su esposa fue citada para que se le  notificara el embargo de la vivienda. Asimismo, el letrado se ha  adherido a la alegación de nulidad del procedimiento por vulneración  de distintos derechos fundamentales.

Asimismo, la defensa del ex edil José Jaén, entre otros, ha  solicitado a la Sala que resuelva las cuestiones previas "bajo las  normas que marca el Estado de derecho, sin dejarse influir por una  sociedad en la que en juicio sumarial y paralelo ya se ha condenado a  los 95 procesados". "No me cabe la menor duda de que así será", ha  asegurado el letrado, quien ha añadido que existen vulneraciones "tan  evidentes que algún tribunal lo va a decir".