Las actas de los ERE, de nuevo en San Telmo

Hay que recordar que la retirada de las actas por parte de la  Junta se produce después del auto dictado la semana pasada por la  Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que levantaba  la medida cautelar establecida por la juez Mercedes Alaya sobre la  custodia de las actas. Los operarios de la Junta han retirado las  actas en bolsas para su traslado en un vehículo al Palacio de San  Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

En este sentido, y según han informado a los periodistas fuentes  judiciales, estos dos operarios se han personado en los juzgados para  recoger las actas junto a varios agentes de la Policía autonómica, un  letrado de la Administración andaluza y la secretaria de Actas del  Consejo de Gobierno, María Luisa Quesada, quienes han firmado la  recogida de los documentos en presencia de la secretaria del Decanato  y su homólogo en el Juzgado de Instrucción número 6. 

De su lado, fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por  Europa Press han informado de que, una vez se han recogido las actas,  estas han sido trasladadas en un vehículo de la Administración  autonómica hasta el Palacio de San Telmo, donde han llegado en torno  a las 12,15 horas. Una vez allí, las actas de los consejos de  gobierno han sido depositadas en su ubicación habitual, han apuntado  las mismas fuentes. 

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó la  pasada semana un auto en el que estimó los recursos presentados por  la Junta de Andalucía y la Fiscalía y acordó dejar sin efecto la  medida adoptada por la juez en cuanto a que las 480 actas de los  Consejos de Gobierno de la Junta celebrados desde 2001 hasta la  actualidad fueran custodiadas en sede judicial hasta que se  resolviera el conflicto de jurisdicción planteado. 

EL AUTO DE LA AUDIENCIA

El Ministerio Público había recurrido el auto dictado el 4 de  abril de 2011 por la juez en el extremo relativo a la adopción de la  medida cautelar acordada en el mismo, alegando que esta medida "no es  necesaria ni proporcional al fin perseguido, careciendo el auto de  motivación que justifique la misma", argumentos que coinciden "en  esencia" con los alegados por el letrado de la Administración  autonómica. 

En este punto, la Sección Séptima recuerda que el artículo 11.1 de  la Ley Orgánica 2/1987 establece que "el órgano administrativo o  jurisdiccional, tan pronto como reciba el oficio de inhibición,  suspenderá el procedimiento en lo que se refiere al asunto  cuestionado, hasta la resolución del conflicto, adoptando, en todo  caso, con carácter provisional, aquellas medidas imprescindibles para  evitar que se eluda la acción de la Justicia, que se cause grave  perjuicio al interés público o que se originen daños graves e  irreparables". 

Tras ello, la Audiencia concluye que la lectura del referido  artículo "pone de manifiesto que la adopción de tales medidas tienen  carácter excepcional y restringido, de tal modo que sólo puede  tomarse cuando sean imprescindibles para los fines que en el citado  artículo se recogen", aseverando que "ninguno de los tres supuestos a  que alude dicho precepto parece concurrir en el caso de autos, y así,  no son mencionados por el mismo, que se limita a sustentar la medida  cautelar en una mera hipótesis de que 'pudieran alterarse u ocultarse  partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno, hasta tanto  se dilucida el conflicto de jurisdicción'".

"DESCONFIANZA"

Todo ello, añade, "sin que se detalle ni razone en qué datos  fácticos se apoya tal desconfianza, como corresponde en una  resolución del calado de la impugnada, más si cabe si con ella se  plantea la posibilidad de un actuar ilegal por parte de uno de los  poderes del Estado, en el que ciertamente está integrado el Consejo  de Gobierno de la Junta de Andalucía". 

Tras este auto de la Audiencia Provincial, el gabinete jurídico de  la Junta de Andalucía elevó un escrito ante la juez Alaya en el que  se solicitaba que se fijara una fecha para recoger los "sobres" que  contienen las actas, lo que motivó que la magistrada dictara una  providencia explicando que las actas se encuentran "a disposición" de  la Junta desde la notificación del auto de la Audiencia Provincial,  por lo que subraya que el Juzgado "no tiene que señalar fecha alguna  para la retirada de los sobres", como este jueves le demandó la  administración autonómica.

Así, la juez precisa que lo que entregó la Administración  autonómica "no fueron las actas, sino testimonio o copia compulsada  de las mismas, sin documentos por tener los mismos carácter  reservado, y sin las deliberaciones o votaciones por tener las mismas  carácter secretos", testimonios que "fueron remitidos en sobres  lacrados y precintados y que, como bien sabe" la Junta, "no son  custodiados por este Juzgado, sino en la dependencia habilitada por  el Decanato cumpliendo las exigencias de seguridad requeridas" por la  propia representación de la Junta. 

Al hilo de ello, indica que, "por consiguiente, este Juzgado no  tiene que señalar fecha alguna para la retirada de los sobres, pues  están a su disposición desde la notificación del auto de la Audiencia  Provincial que ha levantado la referida medida cautelar, sin  perjuicio de que cuando se personen para efectuar dicha retirada, se  realice la correspondiente acta una vez que por el decano o el  secretario de este Juzgado se facilite la llave de la caja de  seguridad donde se encuentran depositados".