Las aceiteras reciben el pliego para el almacenamiento de aceite virgen

Enrique Alonso/Jaén
Las cooperativas y almazaras interesadas en participar en el almacenamiento de aceite de oliva —para la calidad virgen, que es la que aprobó el Comité de Gestión de la Unión Europea— ya tienen el pliego de condiciones. Habrá dos pujas para intentar llegar a las 100.000 toneladas.

    20 oct 2011 / 08:54 H.

    Las aceiteras ya pueden hacer ofertas para almacenar zumo. La primera licitación está abierta y acabará el próximo 25 de octubre a las once de la mañana. Si no se completa la cantidad —será lo más probable—, habrá otra más, que empezará el 26 de octubre y concluirá el 8 de noviembre a la misma hora. El reglamento establece que pueden optar a esta medida agrupaciones de productores, almazaras y envasadoras. Además, recuerda que el periodo mínimo de la inmovilización de 180 días y que las ayudas estarán financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga). Asimismo, el importe por tonelada y día lo decidirá la Unión Europea después de estudiar las ofertas presentadas en las distintas pujas. También se establece una cantidad mínima de 50 toneladas de aceite de oliva virgen para cada puja.
    Los productores que se acojan a las ayudas para el almacenamiento privado se comprometerán a precintar sus depósitos durante 6 meses con el objetivo de retirar zumo de aceituna virgen del mercado para que suba el precio, ya que se espera que una caída en la oferta y el mantenimiento de la demanda influya en la cotización. A cambio, recibirán una subvención de la Unión Europea. Cuando pasen los seis meses, lo podrán poner, otra vez, a la venta. La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, valora esta medida, ya que considera que supondrá acabar una campaña y comenzar otra almacenando.
    Precisamente, el Gobierno de España lleva meses insistiendo en la necesidad de poner en marcha esta medida. Sin embargo, la Unión Europea no ha sido sensible a la demanda hasta que el precio cayó por debajo de los mínimos establecidos, que se fijaron en 1998 y están lejos de la realidad actual que tienen los costes de producción. En cambio, se confía en que ayude a los precios.