La Universidad Popular se queda sin cargos de dirección

Las funciones de organización y coordinación serán asumidas por personal municipal. Así lo anunció la portavoz del equipo de Gobierno local, Reyes Chamorro, en un comunicado, tras la constitución, ayer, de las distintas comisiones informativas y patronatos municipales, en los que, una vez más, se nombró a sus respectivos gerentes y directores de entre la nutrida plantilla del Ayuntamiento.

En este sentido, la portavoz del equipo de Gobierno destacó: “Siguiendo con la política de máxima austeridad que ya puso en marcha el alcalde hace cuatro años, estos puestos serán cubiertos por empleados municipales. Con esta medida conseguimos un importante ahorro, ya que de nuevo apostamos por trabajadores municipales para estos puestos de responsabilidad”. La rebaja económica que supone recurrir al personal del Ayuntamiento va ligada a la reducción “sustancial” que representan los sueldos de estos empleados en comparación con los que percibían cuando eran trabajadores ajenos a la Administración local. Entre las seis comisiones que habrá en este mandato, destaca especialmente la de Transparencia y Control de Empresas Concesionarias. Una medida que —como defiende el portavoz municipal del PSOE, Manuel Fernández Palomino— nace a petición de los socialistas y que también puso de acuerdo al PP y a los tres ediles de Ciudadanos (C’s) en la primera reunión que mantuvieron, en el Parador de Santa Catalina, en las negociaciones previas a la sesión de investidura del nuevo Gobierno.

Transparencia

Fernández Palomino celebró la constitución de esta nueva comisión: “Formaba parte de nuestro programa electoral y, de no ser por el actual escenario político, donde no hay mayorías absolutas, y por nuestra insistencia, no existiría o tendríamos un sucedáneo”. En un comunicado, advirtió de que su grupo municipal velará por que sea un ente resolutivo, y apuntó: “Todos los grupos políticos entendemos que en esta etapa toca abrir de par en par al ciudadano la gestión local”. Avanzó que las dos primeras medidas que el PSOE pedirá en la primera reunión de trabajo que se va a solicitar será exigir a las grandes concesionarias del Ayuntamiento —Castillo (transporte público urbano), FCC (limpieza y recogida de basura) y Aqualia (gestión del ciclo integral del agua)— que entreguen una auditoría del estado de sus cuentas en la que se justifiquen las partidas que facturan a la Administración local, las subidas en el coste del servicio de los últimos meses —fundamentalmente, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua— y la subvención que se recibe por el déficit de la concesión, en el caso de la empresa de transporte público.

Sobre FCC, los socialistas quieren tener elementos que cuadren y justifiquen lo facturado en los últimos tres años, en los que no ha habido contrato, con lo trabajado y por qué se han incluido en esos recibos los costes de amortización de material y vehículos cuando todo estaba ya amortizado en el contrato que acabó en 2012. Fernández también cree imprescindible que se ponga “luz y taquígrafos” a cada contrato público que se licita.