La única víctima del presunto pederasta pide 6 años de cárcel
Antonio B. G., el presunto pederasta atrapado gracias a las cintas que le robó un vecino, está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. Presuntamente, tuvo sexo con cuatro menores, aunque solo uno de ellos presentó cargos contra este vecino de la capital. Acaba de pedir una condena de seis años de cárcel por delitos de abusos, exhibicionismo y tenencia de pornografía infantil.
El magistrado Antonio Valdivia ha cerrado la instrucción de la causa y ha dictado un auto en el que pide a las partes que presenten sus correspondientes escritos de acusación, a los que, posteriormente, deberá responder la defensa del procesado.
El magistrado Antonio Valdivia ha cerrado la instrucción de la causa y ha dictado un auto en el que pide a las partes que presenten sus correspondientes escritos de acusación, a los que, posteriormente, deberá responder la defensa del procesado.
El primero en hacerlo ha sido el abogado del único de los cuatro jóvenes de los que, presuntamente, abusó Antonio B. G. y que decidió ejercer la acusación particular —los otros tres quieren olvidarse de lo ocurrido y, además, sus casos están prescritos—.
El adolescente pide seis años de cárcel para el presunto pederasta por delitos continuados de abusos sexuales, exhibicionismo, provocación sexual y tenencia de material pornográfico. En su escrito de acusación provisional de los hechos, al que ha tenido acceso Diario JAEN, se relata que Antonio B. G. conoció a este menor en la Asociación Juvenil Fénix cuando era un niño de apenas diez —en la actualidad tiene 16—. Hay que recordar que el presunto pederasta fundó esta institución hace más de tres décadas. El documento relata que el procesado y la víctima mantuvieron desde entonces “encuentros” en la sede de esta entidad: “En ellos, le exhibía películas de contenidos pornográfico, al tiempo que lo sometía a tocamientos y masturbaciones”, añade.
Cuando el menor cumplió los trece años, Antonio B. G., presuntamente, comenzó a tener relaciones sexuales completas con el adolescente. “Consistían en penetraciones anales o bucales, que eran grabadas y conservadas sistemática y ordenadamente por el procesado”, explica el escrito de acusación provisional. Fueron las cintas que el conocido como “buen ladrón” robó del domicilio del pederasta el pasado 9 de diciembre y que, posteriormente, hizo llegar a la Comisaría de forma anónima. Son las grabaciones que permitieron a la Policía detener a Antonio B. G. e identificar a cuatro de los menores con los que mantuvo sexo. El presunto pederasta estuvo en prisión preventiva algo más de un mes. Sin embargo, cuando la Policía logró detener a la persona que robó el material pornográfico, el juez no tuvo más remedio que ponerlo en libertad, pues esas pruebas fueron declaradas nulas por el juez, ya que se obtuvieron de forma ilícita.
Para la única acusación particular, Antonio B. G. se aprovechó de su condición de directivo y de entrenador de la Asociación Deportiva Fénix para engatusar al menor. Además, describe que se aprovechaba de la corta edad del adolescente para poder mantener relaciones sexuales con él. Y, por último, afirma que lo obsequiaba con “gratificaciones” —dinero y regalos— para “facilitar sus encuentros”.
Antonio B. P. está acusado por el joven de delitos de abusos sexuales, exhibicionismo, provocación y tenencia de pornografía infantil. Como castigo, pide que sea ingresado en una cárcel durante seis años y que pague una indemnización de 20.000 euros por el daño moral causado.
El Ministerio Público será el siguiente en presentar su escrito de acusación en este caso. De hecho, la fiscal Mercedes Heredia estudia, desde ayer mismo, el procedimiento. Tiene diez días para cumplir este trámite, previo a que se dicte la apertura de juicio oral.
Grabaciones anuladas. Precisamente, y con vistas a ese futuro juicio, el magistrado instructor ha ordenado la nulidad como prueba de las grabaciones que fueron robadas por el “buen ladrón” en el domicilio de Antonio B. G. Eso sí, el magistrado sí da validez a la declaración del imputado realizada tras su detención en la que reconocía los hechos. También considera que debe tenerse en cuenta la declaración de los perjudicados.