Tres detenidos en Jaén por "amaños" en obra pública
Una nueva redada de la Guardia Civil vuelve a colocar a Jaén en el mapa de la corrupción. La operación “Enredadera”, dirigida por la juez Mercedes Alaya y ejecutada por la elitista Unidad Central Operativa (UCO), se saldó con 32 detenidos en 13 provincias que, presuntamente, formaban parte de “una organización criminal” dedicada a amañar contratos públicos en administraciones de todo tipo.
Tres de los arrestados son jiennenses. En concreto, se trata del teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Carolina, Cristóbal Pérez; el jefe de servicio del Área de Infraestructuras de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Cruz Garrido, y un funcionario del Ministerio de Fomento en Jaén, cuya identidad no ha trascendido. La Guardia Civil practicó sendos registros en los lugares de trabajo de los arrestados.
Las diligencias de la operación “Enredadera” están secretas desde julio de 2013. El detonante fue el caso “Mercasilla”. Los investigadores detectaron, entonces, un enriquecimiento muy llamativo de un exalto cargo del Ayuntamiento hispalense, Domingo Enrique Castaño. Las pesquisas permitieron comprobar que parte de aquel dinero lo había recibido de Fitonovo, sociedad que había contratado con muchas administraciones públicas y, supuestamente, había entregado a Castaño dinero, e incluso un coche.
Eso hizo que la jueza Alaya pusiera en marcha la conocida como operación “Madeja”, desarrollada en julio y diciembre de 2013. En ese momento se desencadenaron las primeras actuaciones. La Guardia Civil registró y detuvo a los responsables de la empresa Fitonovo.
La documentación intervenida en aquellos registros desveló que esta sociedad había creado “una red de contactos con funcionarios corruptos” que les facilitaban la obtención de contratos públicos de forma irregular. Es ahí donde se enmarcan las detenciones practicadas ayer en Jaén y en otras doce provincias. Es más, los investigadores descubrieron que la empresa tenía, incluso, una contabilidad “b” con facturas falsas para, entre otros fines, pagar los sobornos.
“Estos funcionarios amañaban los procedimientos de adjudicación de contratas y no ejecutaban las prestaciones a las que se comprometían las adjudicatarias”, detalla la nota de la Guardia Civil. “Se adjudicaban también contratas de antemano que obedecían a intereses particulares, perjudicando la libre concurrencia”, añaden.
Los investigadores del Instituto Armado descubrieron que Los agentes de la UCO se presentaron con discreción en el Ayuntamiento de La Carolina, la Diputación Provincial y la sede que el Ministerio de Fomento tiene en la calle Arquitecto Berges. Enseñaron los preceptivos mandamientos judiciales y procedieron a las detenciones. En todos los casos fueron “al bulto”, es decir, los contratos con los expedientes suscritos por Fitonovo con esas administraciones. La Diputación ya adjudicó a Fitonovo, el 28 de septiembre de 2011, por valor de 197.457 euros, una obra de tratamiento de márgenes en la red viaria provincial.
En la Diputación Provincial, el registro se centró exclusivamente en el despacho de Miguel Ángel Cruz Garrido, ubicado en el Área de Infraestructuras, en la segunda planta del edificio. Fuentes cercanas al caso explican que solicitaron diversos expedientes tramitados por este alto cargo de la institución. De hecho, el PP de Jaén asegura que se trata de “la mano derecha” del diputado del área, José Castro. Al hilo, los populares pidieron “explicaciones” al presidente de la Diputación, Francisco Reyes.
Durante más de tres horas y media, los agentes estuvieron con el detenido en las propias dependencias del Área de Infraestructuras. Casi a la una de la tarde, varios guardias civiles de paisano se guardaron documentación en un vehículo que, posteriormente, volvió para llevarse al detenido a las dependencias de la Comandancia.
La Diputación de Jaén, a través de un comunicado, asegura que valora personarse en el caso “para defender la imagen de la institución” y anuncia la apertura de una investigación interna para aclarar todas las circunstancias. Esta propuesta se abordará hoy en una reunión de la Junta de Gobierno que se ha convocado de forma extraordinaria con este único punto en el orden del día.
En la capital, la segunda hebra de la “Enredadera” estuvo en las oficinas del Ministerio de Fomento. Testigos presenciales confirman que el técnico detenido en Jaén salió esposado y custodiado de su lugar de trabajo por varios guardias civiles pasadas las tres de la tarde. De momento, no ha trascendido cuáles son sus funciones.
La macrorredada da un salto cualitativo y cuantitativo a una causa que, hasta ahora, estaba circunscrita al Ayuntamiento de Sevilla. Desde ayer, ya afecta a otras administraciones públicas ubicadas en trece provincias: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas. La Guardia Civil imputa a todos los detenidos como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.