La subida del agua seguirá su curso
Están removiendo cielo y tierra; informando a los vecinos de los efectos que traerá aparejada la revisión de las tarifas del ciclo integral del agua; buscando la complicidad de los expertos y reivindicando un “no” rotundo y colectivo contra su aplicación en una ciudad que vive lastrada por el paro. Pero, por mucho que reclamen y se desgañiten los socialistas locales, los colectivos vecinales o asociaciones de consumidores, como Facua, la postura municipal es inamovible.
No contempla la marcha atrás, ni tampoco hacer matizaciones a un incremento de los precios que —como el Consejo Económico y Social (CES) local recalcó en su informe desfavorable— está “condicionado por el pliego” suscrito entre la entidad concesionaria del servicio, Aqualia, y el Ayuntamiento, el 20 de mayo de 2010.
Preguntado al respecto, sentenció: “Aquí, los únicos responsables de la subida del agua son el PSOE, IU y la Junta de Andalucía”. Culpó a la oposición, entonces, en el Gobierno local, de firmar un convenio que “ahora vincula”. Y advirtió: “Si lo incumplimos, nos llevan a los tribunales. La empresa nos demanda, lo perdemos y, además, tendríamos que aplicar la subida del 10% que ellos pactaron, más el pago de los intereses de demora que se acumularían hasta que pudiéramos hacer frente a la sentencia judicial de condena”.
Por este motivo, reprochó a la oposición que, “ahora, pida que se deje sin efecto algo que ella rubricó”. “Ellos subieron el agua; nunca el PP, y son ellos los que tienen que responder y dar la cara. ¡Que expliquen por qué, con la situación de desempleo de la ciudad, firmaron ese convenio gravoso para familias necesitadas que no pueden llegar a final de mes! ¡Que digan por qué ocultaron ese convenio, que pidan perdón al conjunto de la sociedad por haberlo hecho y que dejen de hacer el ridículo porque ellos lo firmaron!”.
Sobre la posibilidad de “corregir” ese acuerdo, Fernández de Moya se mostró taxativo. La negociación ya ha existido, indicó, y recalcó que, gracias a ella, se habilitará un fondo de 7.000 euros para, a través del Patronato de Asuntos Sociales, “ayudar a las familias que no tienen recursos a hacer frente al pago del recibo del agua”. No hay margen de maniobra en una revisión tarifaria de los tramos que incrementará los costes del agua entre un 4,5% y un 22%, y que —según el dictamen del CES local—: “Más que a la adaptación jurídica a la Ley de Aguas de Andalucía, responde a la decisión expresada [por Aqualia] de incrementar el equilibrio entre costes e ingresos”, sin que se haya realizado una auditoría de sus cuentas, como ha denunciado reiteradamente la oposición.
Aunque, en el mismo informe, el CES local reconoce que la revisión se ajusta a la ley, también advierte: “La prestación de un servicio público por una compañía privada, no hace que este pierda su naturaleza y vocación pública”.