La subida del agua se topa con un "dique" de alegaciones
Asegura el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, que dejar en suspenso la revisión de las tarifas que regulan el ciclo integral del agua podría ser motivo de demanda por parte de Aqualia por el incumplimiento del acuerdo que se suscribió en 2010. Pero el argumento no amedrenta a la plataforma ciudadana que se ha constituido contra su aplicación. Siguiendo los trámites legales, el colectivo —que está formado por la Federación de Vecinos Objetivos Comunes (OCO) y las asociaciones de consumidores UCE, Facua y Al-Ándalus— colapsó el registro municipal con un “dique” de unas 200 alegaciones.
“La subida de tarifas es injusta y está injustificada”, subrayó la presidenta de “OCO”, María Cantos. Designada, a dedo y por sorpresa, portavoz de la plataforma, desgranó las basas sobre las que se apoyan las reclamaciones. En primer lugar, en que el informe presentado por Aqualia “no está contrastado con ningún otro de carácter económico”. En segundo lugar, en que, a pesar de que la empresa es privada, “la naturaleza del bien que gestiona es pública y el tratamiento que debería seguirse es el mismo que el Ayuntamiento ha tenido con otras tasas, que no se han subido”. Y, por último, en que: “En las circunstancias actuales, [la concesionaria] no puede buscar un beneficio —que, cifrado por ella misma, sería del 6,81%—”.
“Los ciudadanos no están dispuestos a soportar que les sigan subiendo más las tasas. Menos, en un bien básico”, recalcó la presidenta de “OCO”. Y añadió Marta Martínez, de la asociaciónAl-Ándalus: “No estamos de acuerdo porque la revisión no lleva aparejada una mejora del servicio”.
En cuanto al fondo de 7.000 euros para ayudar a familias sin recursos a pagar la factura del agua, tanto Alfonso Ibáñez, de la Unión de Consumidores (UCE), como Felipe Serrano, de Facua, lo tacharon de “irrisorio” ante una tasa de paro que ronda el 40%. “No sirve para nada”, lamentó Serrano, que confió en que estas alegaciones paralicen una subida que calificó de “desmesurada en función de un informe en el que Aqualia quiere tener más beneficios”.
Preguntado, una vez más, por la posibilidad de introducir cambios, Fernández de Moya repuso: “20.000 firmas registré contra el tranvía y no les hicieron ni caso ni el PSOE ni IU”. Además, anunció que, “en la próxima factura”, Aqualia remitirá a cada usuario una carta con las condiciones del contrato que se firmó en 2010.