La soga de los proveedores
Como agua en el desierto. Entre 2012 y 2013, los innumerables proveedores del Ayuntamiento de la capital vivieron así la medida del Gobierno que, a lo largo de tres planes consecutivos, les permitió cobrar las decenas de facturas impagadas que acumulaban en sus archivos y que colocaban a sus empresas en una situación muy delicada. En su conjunto, la Corporación local hizo frente a más de 18.000 facturas de un volumen de proveedores que superó los 1.600. La medida supuso una inyección de liquidez como nunca había visto la capital.
Sin embargo, un año después de que el Gobierno aprobara la nueva ley de morosidad que obliga a las administraciones públicas a saldar cuentas con sus proveedores en los 30 días naturales posteriores a la entrada en registro de las facturas emitidas, el Ayuntamiento de Jaén no solo incumple esta obligación legal mes tras mes. El número de días que tarda en atender los pagos se incrementa cada vez más, como consecuencia indudable de la asfixia económica y financiera que acusa.
Desde la primera vez que Hacienda hizo públicos los datos sobre el plazo medio de pago a proveedores de las entidades locales, la de Jaén ha elevado el tiempo que tarda en saldar cuentas en 75 días. Ha pasado de los 108 de septiembre del año pasado a los 183 que notificaba en abril, el último mes del que se tienen balances. Y eso a pesar de que, este año, precisamente para agilizar los pagos, se puso en marcha la factura electrónica obligatoria para aquellos proveedores con recibos superiores a los 5.000 euros.
Ese retraso en la liquidación de facturas a los acreedores significa que si, en septiembre, la Administración local tardaba más de tres meses y medio en pagar; en la actualidad, lo hace cinco meses después de lo que estipula la Ley. Y el resultado sigue siendo, como hasta la aprobación de los planes de pago a proveedores, el estrangulamiento de las empresas —muchas de ellas, medianas y pequeñas— que siguen prestando sus servicios al Ayuntamiento. De hecho, según los datos de la cartera que coordina Cristóbal Montoro, la deuda contabilizada con proveedores a abril de este año supera los 37,36 millones.
En su seguimiento de las corporaciones locales, diputaciones, cabildos y comunidades autónomas, la raquítica situación de las arcas municipales contrasta con las de la Administración provincial, que no solo ha estabilizado el volumen mensual de pagos. También los días que se demora en hacerlos, que están lejos del límite estipulado. De acuerdo con la Ley, si las corporaciones no pagan a los proveedores en el plazo máximo establecido para ello, el Estado puede hacerse cargo de las facturas reteniendo recursos de la participación en los tributos del Estado (PIE). En el caso de la capital, ya lo hace por el incumplimiento de los planes de ajuste.