La regularización de viviendas ilegales no supondrá coste para las administraciones

ha apuntando que los servicios básicos para dichas  viviendas se deberán hacer "en condiciones de autoabastecimiento", de  forma que el coste de esos reconocimientos de esas urbanizaciones y  de sus servicios básicos serán asumidos por los inquilinos de esas  viviendas, según contempla el decreto actualmente en elaboración y  que se está ultimando.
En comisión parlamentaria, la consejera ha indicado que la Junta  está ultimando el decreto para regularizar los asentamientos  existentes en suelo no urbanizable, que actualmente está en fase de  elaboración y no se ha iniciado el proceso de tramitación ni el  trámite de audiencia, algo que esperan hacer de forma "inmediata".  Este decreto "no modifica ninguna ley ni normativa vigente sino que  se enmarca en la misma".
La consejera ha apuntado que las edificaciones construidas en  suelo no urbanizable son "un fenómeno complejo, con una amplia  casuística y con situaciones jurídicas muy diferentes, que no se  resuelven en el corto plazo y que requiere de un fuerte compromiso de  los ayuntamientos con este modelo", además de "un gran esfuerzo de  gestión unido a la voluntad política y mayor entendimiento con los  vecinos afectados". 
Ha destacado que ese proceso de regularización, donde esas  viviendas se incorporarán al planeamiento como suelo urbano o  urbanizable y que deberá ser efectuado por los ayuntamientos a través  de su planeamiento, "contarán con el apoyo de la Junta y de las  diputaciones" y ha advertido de que "no se pueden buscar atajos ni se  pueden hacer trampas al solitario".
"Tenemos que dar respuesta a situaciones heredadas, donde  pretendemos dar una reposición de la realidad, darle seguridad  jurídica y sacar del limbo administrativo en que se encuentran a esas  viviendas", ha agregado la consejera, quien ha dejado claro que "no  se trata de una ley de punto y final ni de una regularización  indiscriminada, sino efectuada dentro del marco de la Ley de  Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en una responsable  defensa del interés general y para dar respuesta a ciertas  situaciones sobre las viviendas que no son legales pero que se  reconocerá su existencia y se tolerará el uso, facilitando los  servicios básicos".
En su exposición, la consejera ha explicado las circunstancias de  este fenómeno, nacido bajo una serie de condicionantes, como "el bajo  coste de implantación, el nacimiento del fenómeno de la segunda  residencia y la permisividad social, al no verse como un problema  sino como una oportunidad de desarrollo". Ha agregado que por "el  volumen alcanzando y su acumulación ha tenido efectos muy negativos  en la ordenación del territorio y en las oportunidades de desarrollo  social y económico, formando núcleos de primera residencia donde se  produce un consumo excesivo y desordenado de recursos, con el  consiguiente deterioro".
La consejera ha explicado que el decreto en elaboración tipifica  las distintas situaciones de las edificaciones en suelo no  urbanizable, en función de su ubicación y características físicas, su  adecuación al ordenamiento urbanístico y su situación jurídica de  cada una de esas edificaciones.
Tras apostar por "facilitar la incorporación de asentamientos  urbanísticos a la legalidad en los casos en que se pueda", Cruz  Villalón ha recordado que por un lado hay edificaciones aisladas que  se ajustan al planeamiento y a la ley "tengan o no autorización  administrativa", que sí podrán ser regularizadas y podrán tener  licencia de ocupación si reúnen condiciones mínimas de habitabilidad  y seguridad y podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad. 
Por otro lado, ha precisado que hay asentamientos diseminados que  no son legales pero sobre los que han prescrito las infracciones  urbanísticas, en función de los plazos que marca la ley, y no se  podrán demoler. En esos casos también podrán acceder al Registro de  la Propiedad. La consejera ha explicado que las edificaciones que no se puedan  legalizar ni tampoco se deben demoler "no pueden quedar en el limbo",  por lo que, en función del decreto en elaboración, se acometerá un  "reconocimiento" de su situación y se "tolerará" el uso, y ha  precisado que en esos casos esas viviendas deberán tener un régimen  de "autoabastecimiento" de servicios básicos, ya que "no se puede  usar la red de abastecimiento habitual". 
Cruz Villalón ha dejado claro que en esos supuestos "el proceso de  regularización no puede suponer costes para las administraciones", ha  reiterado que el acceso a los servicios básicos "deberá hacer  preferentemente en condiciones de autoabastecimiento y evitando  impactos paisajísticos y ambientales", de forma que los inquilinos  asumirán los costes de urbanización e infraestructuras básicas.
Por su parte la diputada del PP Alicia Martínez duda de que  mediante este decreto se puedan regularizar "tal cantidad de  viviendas" y considera que "se ha perdido mucho tiempo, desde al año  2008, de forma que se ha generado una situación compleja y contraria  al modelo".
A su juicio, "ha habido una disociación absoluta entre lo que la  sociedad ha demandado y ha hecho y entre lo que la Junta pretende  recabar vía plan y ley", de manera que, a su juicio, "ha fallado  algo".