La regulación catastral afecta a 3.800 titulares de viviendas
El alcalde de Martos, Víctor Manuel Torres, junto al concejal de Hacienda y Patrimonio, Rubén Cuesta, trasladó a los ciudadanos marteños el contenido de la campaña puesta en marcha por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que afecta directamente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Tal y como explicó el responsable de Hacienda, este protocolo, impulsado por el Gobierno central, afecta a unos 3.800 propietarios del municipio marteño. Estos ya han recibido, lo harán en los próximos días, una carta en las que les piden que regularicen sus propiedades.
Este proceso excluye la aplicación de las sanciones catastrales por el incumplimiento de la obligación de declarar, aunque sí contempla una tasa de 60 euros por caso regularizado, que deberá ser ingresada, directamente, al Ministerio. A ello hay que sumar el incremento del recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que no se abonó, en referencia a los de los últimos cuatro años, que son los no prescritos, tal y como aclara el Gobierno central, según explicaron los responsables municipales. Esta regularización se aplicará a aquellas nuevas construcciones que no habían sido tasadas. “Cuando se hace una vivienda u obra nueva, es habitual hacer la escritura, pero no ocurre lo mismo con el amillaramiento, que es obligatorio para que el Catastro lleve a cabo su valoración”, precisó el edil de Hacienda y Patrimonio. Asimismo, afecta a las reformas, ampliaciones y determinadas mejoras en edificios, ya que supondría un incremento en el valor de la vivienda. Respecto a las antiguas construcciones, motivo esgrimido por la Administración central para la puesta en marcha de esta iniciativa, el responsable municipal explicó: “Según el Ministerio, existían construcciones anteriores a 1930 que no han sufrido modificación alguna declarada, lo que parece improbable y por ello son motivo de inspección y regularización, si correspondiese”.
Por su parte, Víctor Torres indicó que éste es un proceso que preocupa al equipo de Gobierno socialista, ya que afecta a un número muy importante de familias marteñas por distintas circunstancias. “Este es un proceso que desconocía el Ayuntamiento, aunque, en la propia documentación enviada, se expresa que, ante cualquier duda, acudan a este”, dijo.