La presidenta del Parlament sostiene el desafío soberanista

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, defiende la legalidad de la Junta de Portavoces y calcula que el pleno extraordinario para debatir y votar la resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP se hará la próxima semana, porque no da tiempo a hacerlo el viernes, y además descarta convocarlo el sábado.
Lo expresó en rueda de prensa tras la Junta, cuya convocatoria justificó “precisamente por querer cumplir el reglamento” parlamentario, y añadió que los servicios jurídicos de la cámara aconsejaron que la convocara.

    04 nov 2015 / 11:06 H.


    Forcadell dijo que la Junta se reunió porque este martes “acaba el plazo para cumplir la reconsideración” de la resolución que pidieron PSC, Ciudadanos (C’s) y PP, y la Junta no admitió esta reconsideración, por lo que la resolución sigue su trámite. Sobre las críticas de la oposición, que tacha de ilegal la Junta convocada por Carme Forcadell, ella responde que se ha consultado a los servicios jurídicos de la Cámara y que no se ha hecho “nada ilegal”.
    Ha respetado la decisión de C’s, PSC y PP de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC), incidiendo en que la intención de la Mesa es hacer bien el trabajo, porque los servicios jurídicos así lo avalan y porque, si bien el PP aún no está constituido como grupo, “sus derechos se han reconocido igualmente”.
    Sobre las acusaciones de partidos de la oposición que afirman que el aval de los servicios jurídicos se sostiene en dos precedentes que eran reuniones de representantes y no juntas de portavoces convocadas oficialmente, ha asegurado que las actas existen y que en ambos casos actuaron “como grupos parlamentarios”.
    Recurso al TC. Segun avanzaron desde varios portavoces de Ciudadanos, PSC y PP, los tres partidos presentan hoy recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional contra decisión de la presidenta del Parlamento catalán de reunir a la Junta de Portavoces. Estos partidos apelan a una “violación del Reglamento” del Parlamento catalán porque impide los derechos fundamentales de algunos parlamentarios autonómicos.