"La Policía vino a por mí, pero se equivocaron y lo van a pagar"
El pasado mes de octubre, Juan Fernández Hidalgo y su hermano Francisco, dos vecinos de la capital, pasaron una noche en los calabozos de la Comisaría. La Policía detuvo a ambos por, presuntamente, estar detrás de un taller clandestino en la que se manipulaba todo tipo de armas de fogueo para disparar munición real y, de esta forma, ponerlas en venta en el mercado negro para nutrir a delincuentes de toda condición. Fue la operación “Kalas”, bautizada así porque entre las 16 piezas intervenidas por la UDEV había un fusil kalashnikov.
Ahora, la juez Carmen Ballesteros acaba de decretar el archivo de todas las actuaciones: “Los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna”, refleja su señoría en el auto. Un documento que conlleva que ambos hermanos son totalmente inocentes: “La Policía venía a por mí por una cuestión personal, porque decían que yo no les ayudaba como ellos querían. Sin embargo, estaban equivocados desde el principio y el tiempo y la Justicia me han dado la razón. Ahora, van a pagar este error”, sostiene Juan Fernández, empeñado en limpiar su buen nombre y en ser resarcido por lo que considera “los peores momentos” que ha vivido: “A raíz de mi detención, he tenido hasta que recibir tratamiento psicológico”, sostiene, mientras enseña el auto de la magistrada Carmen Ballesteros en el que decreta el sobreseimiento de la causa y ordena que le sean devueltas todas las armas incautadas en el registro de su domicilio. “Siempre dije que las seis pistolas que guardaba eran detonadoras —solo hacían ruido— y que el fusil tenía su permiso de inutilización. Era de colección”, explica. Las demás armas decomisadas en la operación “Kalas” eran de Francisco. Todas tenían sus correspondientes licencias para ser utilizadas en cotos de caza. “Enseñamos todos los papeles, pero la Policía ni los miró. Vinieron a por nosotros”, explica Juan Fernández, que durante unos años regentó una conocida armería en la capital jiennense.
La Policía sospechaba que este vecino de la capital, que en septiembre cumplirá 67 años, se aprovechaba de sus amplios conocimientos en la materia para manipular pistolas y escopetas de fogueo que, después, vendía en el mercado negro al mejor postor: “Jamás he hecho nada de eso. El material que guardaba en mi casa procedía de mi antiguo negocio. Lo guardaba como recuerdo”, explica. Y añade: “Ni siquiera me escucharon. Solo venían a hacerme daño por una cuestión personal y la verdad es que lo consiguieron”.
Por ello, Juan Fernández Hidalgo explica que ha dado órdenes a su abogado para que inicie las acciones legales necesarias para pedir responsabilidad a la Policía por lo que considera “una detención arbitraria e innecesaria”. “¿Quién me paga a mí que entraran por la fuerza en mi domicilio y que lo pusiera patas arriba? ¿Quién me paga las casi 30 horas que estuve detenido sin apenas comer? ¿Y todo lo que mi familia y yo hemos sufrido desde entonces?”, se pregunta este vecino de la capital, que carece de cualquier antecedente penal.
Una vez que presente la correspondiente reclamación, será un juez el que tenga la última palabra sobre el procedimiento abierto contra Juan Fernández: “Solo quiero que no se repita con otra persona”, concluye.
Ahora, la juez Carmen Ballesteros acaba de decretar el archivo de todas las actuaciones: “Los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna”, refleja su señoría en el auto. Un documento que conlleva que ambos hermanos son totalmente inocentes: “La Policía venía a por mí por una cuestión personal, porque decían que yo no les ayudaba como ellos querían. Sin embargo, estaban equivocados desde el principio y el tiempo y la Justicia me han dado la razón. Ahora, van a pagar este error”, sostiene Juan Fernández, empeñado en limpiar su buen nombre y en ser resarcido por lo que considera “los peores momentos” que ha vivido: “A raíz de mi detención, he tenido hasta que recibir tratamiento psicológico”, sostiene, mientras enseña el auto de la magistrada Carmen Ballesteros en el que decreta el sobreseimiento de la causa y ordena que le sean devueltas todas las armas incautadas en el registro de su domicilio. “Siempre dije que las seis pistolas que guardaba eran detonadoras —solo hacían ruido— y que el fusil tenía su permiso de inutilización. Era de colección”, explica. Las demás armas decomisadas en la operación “Kalas” eran de Francisco. Todas tenían sus correspondientes licencias para ser utilizadas en cotos de caza. “Enseñamos todos los papeles, pero la Policía ni los miró. Vinieron a por nosotros”, explica Juan Fernández, que durante unos años regentó una conocida armería en la capital jiennense.
La Policía sospechaba que este vecino de la capital, que en septiembre cumplirá 67 años, se aprovechaba de sus amplios conocimientos en la materia para manipular pistolas y escopetas de fogueo que, después, vendía en el mercado negro al mejor postor: “Jamás he hecho nada de eso. El material que guardaba en mi casa procedía de mi antiguo negocio. Lo guardaba como recuerdo”, explica. Y añade: “Ni siquiera me escucharon. Solo venían a hacerme daño por una cuestión personal y la verdad es que lo consiguieron”.
Por ello, Juan Fernández Hidalgo explica que ha dado órdenes a su abogado para que inicie las acciones legales necesarias para pedir responsabilidad a la Policía por lo que considera “una detención arbitraria e innecesaria”. “¿Quién me paga a mí que entraran por la fuerza en mi domicilio y que lo pusiera patas arriba? ¿Quién me paga las casi 30 horas que estuve detenido sin apenas comer? ¿Y todo lo que mi familia y yo hemos sufrido desde entonces?”, se pregunta este vecino de la capital, que carece de cualquier antecedente penal.
Una vez que presente la correspondiente reclamación, será un juez el que tenga la última palabra sobre el procedimiento abierto contra Juan Fernández: “Solo quiero que no se repita con otra persona”, concluye.
