La Policía interviene otra trama que implica al PP valenciano

La actuación policial también se extendió a los empresarios Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica, y Ángel Fenoll, relacionado con servicios de recogida de residuos, ya que algunas de sus respectivas dependencias empresariales fueron registradas.
Fuentes próximas a la investigación han señalado que las pesquisas policiales que han derivado en los registros practicados podrían guardar relación con “un tema” de la adjudicación de servicios de recogida de basura en Orihuela, en la comarca de la Vega Baja. Tras prestar declaración, que no duró “más de diez minutos”, según sus abogados, Ripoll quedó en libertad, aunque sus representantes legales no han precisado si es “con o sin cargos” porque la investigación se halla “bajo secreto de sumario”. Aún así, una nota de la Diputación Provincial alicantina aseguró que era sin cargos.
Los agentes policiales realizaron registros en el Palacio de la Diputación, en el Ayuntamiento de Orihuela y en la vivienda de Ripoll, después de que en todos estos lugares y de forma simultánea se personaran agentes de la Policía Nacional. Alrededor de las ocho y cuarto de la mañana, los agentes se desplazaron hasta la vivienda de Ripoll, donde el presidente de la institución provincial “colaboró” en todo momento, según las citadas fuentes. Posteriormente, alrededor de las 12.30 horas, fue trasladado hasta el Palacio de la Diputación para iniciar el registro en estas dependencias, principalmente en la primera planta del inmueble.
paso a paso. En concreto, la actuación policial sólo se llevó en el despacho de presidencia y en el de su secretaría. Dos horas y media más tarde, aproximadamente, la Policía Nacional terminó el registro y Ripoll salió de la sede custodiado por los agentes hacía la comisaría para prestar declaración. Paralelamente, los policías realizaron otro registro y detuvieron a los ediles del equipo de gobierno local, los populares Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez, quienes también fueron trasladados a las dependencias policiales.
Por su parte, el empresario Enrique Ortiz, dueño del Grupo Cívica y también máximo accionista del Hércules CF, se encontraba en Pamplona cuando se enteró de que los agentes de la Policía Judicial pretendían hacer un registro en sus dependencias. Se gún su letrado, inmediatamente emprendió regreso a Alicante y será, una vez que termine esta inspección, cuando conocerá si está imputado y si está detenido, y si también debe personarse en la Comisaría.
Otro de los registros se ha practicado en las dependencias de la empresa de Ángel Fenoll, presuntamente vinculado con el caso Brugal, una investigación que se abrió en 2007 por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras del municipio de Orihuela.

El azote del presidente Camps   
El presidente de la Diputación de Alicante y del PP en esta provincia, José Joaquín Ripoll, ha sido durante los últimos años el mayor “azote” dentro de su propio partido al que se ha tenido que enfrentar el presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps. Ripoll ha sido especialmente crítico con la actuación del partido en el caso Gürtel, en el que Camps está imputado. Este arquitecto de 53 años, que inició su andadura en la política en 1979 en las juventudes de UCD, comenzó a tener cargos de mayor responsabilidad con la victoria del PP en las elecciones municipales de 1995, cuando entró a formar parte del primer Gobierno de Eduardo Zaplana, donde ocupó la cartera de Administraciones Públicas. Su vinculación con Zaplana, con el que fue portavoz y vicepresidente, le llevó a convertirse en su hombre fuerte en la provincia cuando comenzó el enfrentamiento entre éste y Camps, una situación que llevó a la dirección regional del partido a intentar apartarlo de la presidencia del PP alicantino. El enfrentamiento con Camps ha adquirido una nueva dimensión en los últimos meses. En octubre de 2009, solicitó la creación de un comité de crisis para afrontar situaciones de “tragedia” por el PP con este caso. Y un mes después denunció haber recibido “amenazas” del PP por sus opiniones sobre Camps.