La Policía de la Junta intensificó en 2013 el control de los talleres de vehículos con más de 170 inspecciones
La Unidad de Policía adscrita a la Junta realizó un total de 171 inspecciones en talleres mecánicos de vehículos en la provincia de Jaén el pasado año, frente a las 55 que había llevado a cabo en 2011, según el balance de la Consejería de Justicia e Interior de la que depende este cuerpo de seguridad. La inspección de los talleres mecánicos es una de las competencias del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Comunidad Autónoma para verificar el cumplimiento de las normativas administrativa y medioambiental vigentes, según ha informado este jueves el Gobierno andaluz. En virtud de ese mandato, estos agentes realizaron las mencionadas inspecciones en talleres de esta provincia jiennense, de las que no se derivó ninguna denuncia en el año 2013, igual que había ocurrido en los dos ejercicios anteriores.
La Unidad de Policía adscrita la Comunidad Autónoma se ocupa en sus inspecciones de comprobar la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad en estos establecimientos de reparación de vehículos, así como de verificar si hay un adecuado tratamiento de los residuos tóxicos que se generan en los talleres como aceites y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas. En el resto de Andalucía, las infracciones más frecuentes denunciadas durante el pasado año por la Policía Adscrita en los talleres mecánicos fueron la carencia de una licencia municipal para ejercer esta actividad y no estar inscrito el propietario del establecimiento en el Registro de Pequeño Productor. Las otras infracciones más denunciadas por los agentes autonómicos fueron las relacionadas con el medio ambiente, por incumplimiento de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, fundamentalmente la mezcla de diferentes categorías de residuos peligrosos, la mezcla igualmente de residuos peligrosos con otros que no tienen tal consideración y la entrega, venta o cesión de esos residuos contaminantes a un gestor no autorizado.