La polémica iniciativa sobre la 'píldora del día después'
Desde el momento en que ayer se anunció la medida, se sabía que la polémica estaba servida. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, dio a conocer durante la mañana la noticia de que la conocida como “píldora del día después” se podrá vender en las farmacias sin receta médica y sin limitación de edad de la mujer. La medida será efectiva dentro de tres meses, tal y como se contempla dentro de la iniciativa del Gobierno de reducir tanto los embarazos no deseados como los abortos, en el marco de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. A priori, se plantea como una solución anticonceptiva de urgencia y nunca como un método anticonceptivo como tal, aunque el mero hecho de que se dispense sin ningún tipo de control médico, puede hacer pensar que se trata de un sistema tan inocuo como un preservativo. Y nada más lejos de la realidad. El peligro latente está ahí, sobre todo si desde el Ejecutivo se especifica que no se establecerá control alguno en las farmacias para evitar abusos porque en otros países donde se ha implantado la libre dispensación no ha ocurrido. Desde la oposición ya se ha calificado este asunto como un “verdadero despropósito” o “un paso atrás” y que se trata de una medida que se toma “por puro interés político”.
Al margen de cualquier tipo de consideración ética y religiosa, de las muchas que surgen en un asunto tan delicado como es la vida humana, es preciso que desde el Gobierno se establezcan todas las cautelas necesarias para garantizar la utilización seria y responsable de un medicamento que, desde luego, no es inocuo para la mujer que hace uso de él. Un recurso excepcional no puede, ni debe, convertirse en una salida fácil y, con la medida que acaba de anunciarse, parece que los abusos se ponen en bandeja. Es fundamental analizar el asunto aún más en profundidad, siempre desde una perspectiva sanitaria.
Al margen de cualquier tipo de consideración ética y religiosa, de las muchas que surgen en un asunto tan delicado como es la vida humana, es preciso que desde el Gobierno se establezcan todas las cautelas necesarias para garantizar la utilización seria y responsable de un medicamento que, desde luego, no es inocuo para la mujer que hace uso de él. Un recurso excepcional no puede, ni debe, convertirse en una salida fácil y, con la medida que acaba de anunciarse, parece que los abusos se ponen en bandeja. Es fundamental analizar el asunto aún más en profundidad, siempre desde una perspectiva sanitaria.