La plantilla de Petroprix protesta por el cierre cautelar de la empres
Una veintena de trabajadores de la empresa Petroprix se concentraron, ayer por la mañana, en la puerta del Ayuntamiento de Martos para mostrar su desacuerdo ante la decisión del alcalde, Francisco Delgado, de cerrar de forma cautelar el surtidor que hay situado en la calle Linares.
El pasado viernes, a las nueve de la noche, la Policía Local selló el surtidor para impedir que pudiera funcionar durante el fin de semana. El principal responsable en Martos y director nacional de Expansión de la firma, Juan Carlos Santiago, explicó, antes de comparecer ante el regidor, que el viernes recibió una llamada en la que le informaba de la medida, aunque sin entrar en detalles. “En ese momento llamé al alcalde para poder hablar con él, pero ni me lo cogió ni me devolvió la llamada”, explicaba el responsable de Petroprix.
Los numerosos problemas entre el Ayuntamiento y la directiva de la sociedad llevan a la compañía a plantearse el traslado de la sede de Petroprix desde la ciudad a Barcelona. Juan Carlos Santiago explicaba que iba a realizar todo lo posible para “evitar” esa acción ya que, a su juicio, “es una empresa muy beneficiosa para Martos. Todos los avances provienen de aquí”. Si el cambio de sede se materializase, los cuarenta trabajadores verían en peligro sus puestos, según su opinión.
Más tarde, el alcalde, Francisco Delgado, recibió a todos los manifestantes en el Salón de Plenos y tras la reunión declaraba que el problema tiene su origen en la denuncia de un vecino, en la que se pone en duda la legalidad técnica del surtidor. Los técnicos del Ayuntamiento confirmaron que había algunas irregularidades en cuestiones de seguridad contra incendios y que, al no subsanarse en el plazo previsto, había que cerrar de manera cautelar el surtidor. Delgado también afirmó que el equipo de Gobierno siempre había apoyado el proyecto, aunque dejó claro que es imposible “ignorar” esa denuncia. El alcalde aseguró que se buscará una solución para que la empresa recupere la licencia de funcionamiento y evitar, de este modo, el anunciado traslado a la provincia de Barcelona.