'La Pepa' del año 2012

Hace doscientos años, en una Cádiz asediada por los franceses, se redactó la Constitución de 1812, que promulgaba la libertad frente a la tiranía, poniendo fin a lo que se denominó el Antiguo Régimen y siendo punto de partida de la llamada España Moderna.

    20 mar 2012 / 11:33 H.

    Dos siglos después, en una España no menos asediada que aquella, hoy por la crisis y los mercados financieros, se vislumbra igualmente un cambio de época. Aquel texto incorporaba las bases del Estado Moderno generando una Revolución del Progreso. Mostraba una España unida, que apostaba por la soberanía nacional, la división de poderes con supremacía de las Cortes, y la dignidad de la persona. Suponía la incorporación de España a la corriente del liberalismo ilustrado. Desde el punto de vista económico, aquél texto recogía aspectos que podríamos catalogar como de Revolución Burguesa y base del Capitalismo Liberal que hoy conocemos. Así, se establecían derechos que serían cimientos del Estado de Bienestar como la educación obligatoria, las políticas de salubridad y comodidad, o la limitación al embargo de bienes. Regulaba y protegía la propiedad privada, e incorporaba una auténtica reforma fiscal burguesa, por la cual todo español debía contribuir, en proporción de sus haberes, a los gastos del Estado. Se pretendía reducir el gasto público y procurar que los impuestos no penalizasen el trabajo, ni impidieran la circulación de capitales. Ya desde lo austrias la administración del reino de España era modélica en cuanto al control de sus arcas públicas, y en esta Constitución se concreta poniendo en marcha el procedimiento presupuestario actual. También se orientaba a la empresa, pues pretendía el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos. El carácter unionista se reflejaba en la anulación de aduanas interiores, manteniéndolas solo en puertos y fronteras y en las relaciones especiales con Iberoamérica. Existía una conciencia de riqueza unida a la revolución industrial. La España de 2012, se enfrenta también a una nueva Revolución Económica, esta vez empujada por la soberanía del capital, y la globalización como marco geográfico. Esta España de las autonomías unida a Europa, defiende el Estado de bienestar, con un régimen fiscal justo, y un control de lo público. Sus empresas buscan ventajas competitivas en la inversión en I+D, la educación económica, y la internacionalización, en una sociedad en el que el principal factor de producción está más unido que nunca al conocimiento. Aquella Constitución, que promovieron luchadores y defensores de la patria, inspira hoy a empresas y particulares, que igualmente unidos, luchan y se resisten a esta crisis, la de los fanfarrones, transformando las amenazas en tirabuzones.
    Rafael Peralta es economista