08 ago 2009 / 09:08 H.
La discusión política genera lógicos debates que cuando confrontan ideas y liman planteamientos son constructivos para el posicionamiento de la opinión pública. También está la no depurada costumbre de guerrilla de declaraciones más o menos altisonantes que, en ocasiones, pueden ser interpretadas por cualquier atónito lector o espectador como la antesala del fuego cruzado. Dichos rifirrafes, hasta el momento, se quedan en disputa de salón sin que ocurran graves incidentes parlamentarios como en otros países. Lo que sí logran es exacerbar el ánimo de los ciudadanos y entrar en peligrosas dinámicas como la de este verano. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acusó el jueves al Gobierno de espiar a dirigentes del PP haciendo un uso directo de la Policía y de la Fiscalía General. En la entrevista concedida a Efe, Cospedal va más allá de las “escuchas ilegales” y mantiene que España es un “Estado policial” en el que se utilizan las instituciones a favor del Gobierno y textualmente “que se pone en grave riesgo a la democracia”. Sin más pruebas que una denuncia interpuesta a raíz de las conversaciones grabadas, de forma legal, en el “caso Gürtel”, la secretaria general del partido en la oposición pone en tela de juicio las garantías del sistema democrático español. Si la entrevista veraniega forma parte de una estrategia, Mariano Rajoy debería reconsiderarla porque con ella poco crédito se consigue, al margen de las críticas de fiscales y sindicatos policiales, que junto al resto de partidos, alertan del contenido de estas declaraciones. Una vez conocida la sentencia del “caso Camps”, que con gran agrado fue acogida por el líder del PP, parecía que la tranquilidad iba a llegar al seno del debate. Pero nada más lejos, de hecho, la propia Cospedal ha incluido un tema de consenso como ETA para arremeter contra el Gobierno.