La oficina de expropiaciones por la A-32 se pone en marcha
La oficina de expropiaciones por la construcción de la A-32, que gestionará la empresa Ineco, se pone en marcha en unos días. El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, confía en que este nuevo servicio sirva para agilizar el pago de las deudas pendientes y mejorar la tramitación de los expedientes. El responsable recuerda, no obstante, que el Ministerio de Fomento ha abonado, desde 2012, 9,4 millones de euros a los afectados. En una nota, informa de que la empresa de ingeniería Ineco se hará cargo de la gestión de la oficina de expropiaciones para agilizar el pago de las deudas pendientes de ejercicios anteriores, de manera que, "mientras se pone en funcionamiento, los afectados pueden seguir acudiendo a las delegaciones de Fomento". Según señala, esto "permitirá agilizar la tramitación de los expedientes y resolver los pagos comprometidos", a pesar de ello añade: "Desde que hace un año cesó la anterior contrata, se han realizado más acuerdos que durante los tres años anteriores".
Lillo explica que para la construcción de la autovía A-32 fue necesario expropiar 2.879 fincas, que, en su gran mayoría, no estaban valoradas a principios de 2012, por lo que no tenían reconocidas la deuda. De este modo, para poder aumentar el ritmo de tramitación de los más de 2.000 expedientes que aún hoy están sin valorar, el Ministerio de Fomento ha decidido establecer una encomienda de gestión la referida firma de capital público. El objetivo -comenta Lillo- es "agilizar la determinación del justiprecio en cada una de las fincas expropiadas o el envío del expediente al jurado de expropiaciones en caso de no alcanzar el mutuo acuerdo, momento a partir del que se procederá al abono de las cantidades adeudadas". Aun así, apunta que, desde comienzos de 2012 y hasta la fecha, se han firmado 320 mutuos acuerdos y se abonaron 244 expedientes de justiprecio por 9,49 millones de euros.
Asimismo, responde a las críticas de la Plataforma Ciudadana por la A-32 por una petición para manifestarse. En este sentido, dice: "Es necesario respetar la legislación vigente y presentar la comunicación de manifestación o concentración con diez días de antelación", situación que "no fue respetada en otras ocasiones" por este colectivo. Además, confirmó que la última comunicación presentada por este convocante tuvo lugar el 25 de febrero y fue contestada por la Subdelegación dos días más tarde, tras un informe exhaustivo de la Guardia Civil de Tráfico, se expuso que el trayecto solicitado -del kilómetro 185 al 183, Fuente Nueva al cruce de Iznatoraf- "causaba una situación de peligro tanto para los manifestantes como para los automovilistas, al circular por la N-322, que se trata de una vía convencional con importante intensidad circulatoria". "Se le dio la opción al convocante a que modificara el itinerario, pero no se recibió respuesta".