La necesaria lectura política jurídica del caso de Francisco Camps
Después de una instrucción que se ha prolongado casi tres años, el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el exsecretario general del PP y diputado, Ricardo Costa, se sientan en el banquillo por la causa de los trajes, la punta del iceberg de una trama mucho más compleja y con ramificaciones que afectan al PP en varias comunidades autónomas conocía como Gürtel.
Tras la dilatoria estrategia jurídica de los imputados, llega la hora de la verdad desde el punto de vista jurídico y, al margen de que la causa sea dirimida por un jurado popular, el final del trayecto se acerca. La Fiscalía Anticorrupción pide para ambos una multa de 41.250 euros, mientras que la acusación particular del PSOE valenciano eleva la petición hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación. Al margen de la previsible condena —hay que recordar que otros imputados reconocieron los hechos y fueron multados por ellos— es necesario que los partidos, en este caso el PP, hagan una lectura política de los pocos réditos que se obtienen con la defensa numantina de posiciones nada edificantes para la ética política. Antes de llegar a este punto, el PP debía haberse desmarcado de un dirigente cuyo comportamiento con empresarios con los que la Generalitat cerraba contratos era reprochable. Pero lejos de apartar a este dirigente político, alentó una supuesta caza de brujas contra un mandatario, eso sí, que había revalidado amplias mayorías absolutas. Un dato que no debería tenerse en cuenta cuando, en definitiva, se pone en tela de juicio la imagen de todo un partido, que durante años se mostró como adalid de la lucha contra la corrupción. Casi tres años después, Camps se sienta en el banquillo su prestigio político, al margen de los resultados electorales, está por los suelos y al margen de su fortuna jurídica su honorabilidad esta manchada por algo más que unos simples trajes.