La mujer de Juan Lanzas pide 1.945 euros al mes para vivir

La esposa del “conseguidor” de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, Patrocinio Sierra, solicita a la juez María Núñez Bolaños que le conceda una pensión de alimentos de 1.945,80 euros mensuales para poder hacer frente a los gastos “cotidianos” de una familia, como afrontar los recibos del agua, electricidad, gas y poder comprar calzado o ropa, ya que la familia no tiene recursos económicos y vive de las aportaciones de sus allegados y, sobre todo, de las “pequeñas” pensiones que cobran los padres de Lanzas.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Patrocinio Sierra pone de manifiesto que, “al igual que ocurre con otros imputados”, tanto ella como su esposo “carecen de medios para subsistir” tras los embargos acordados contra ellos “por unos importes millonarios”, pues la juez Mercedes Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 38 millones a Lanzas y de 14,7 millones a su mujer.

La imputada, que solicita a la magistrada una reducción del embargo, señala que “las propias piezas de responsabilidad civil tramitadas contra ellos delatan la situación de insolvencia en la que se encuentran, pues no solo se acordó el embargo de sus inmuebles sino el bloqueo de todas sus cuentas corrientes”. Todo ello “hace que incluso los recibos habituales de cualquier hogar —electricidad, agua o gas— que se abonaban con aportaciones de familiares, en una cuenta” de la imputada, “finalmente ante su último bloqueo primero y embargo después, tuvieron que ser trasladados a la cuenta de otro familiar con recursos, que se ocupa de este aspecto de su subsistencia”.

Sin recursos económicos en la familia

“En el momento presente, ningún miembro de la familia tiene recursos económicos”, alega la imputada, que recuerda que a Juan Lanzas “le llegaron a denegar, incluso, el subsidio de desempleo para liberados de prisión por entender el Servicio Público de Empleo Estatal que no cumplía el requisito de carencia de rentas”, para lo que tomó como referencia la declaración del IRPF de 2012, “antes de su ingreso en prisión y bloqueo y embargo de todas sus cuentas”, tal y como adelantó Diario JAÉN durante la pasada semana. Esta resolución fue impugnada pero su pretensión fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 3 de Jaén, que le denegó “la excepcional figura de prestación de subsidio de desempleo de liberado de prisión, cuando persigue facilitar la reinserción”, critica la imputada en su escrito. Asimismo, añade que ella trabajó como jornalera y consiguió 30 peonadas, pero la Tesorería General de la Seguridad Social “la excluyó del censo agrario y de todo derecho a prestación así como posibilidad de trabajar con otros empresarios agrícolas”.