11 oct 2015 / 08:52 H.
El caso de la pequeña Andrea y su muerte reabre el debate sobre la muerte digna en España. La pequeña de doce años, que sufría una enfermedad degenerativa irreversible, finalmente murió porque sus padres emprendieron una campaña ante los medios para impedir que continuara su sufrimiento. Los pediatras del centro, al final, aceptaron la retirada de la sonda a través de la que se alimentaba artificialmente, pero con un gran sufrimiento, según denunciaba la familia. Este extremo no solo lo pedían sus padres sino también el Comité de Ética Asistencial del área sanitaria compostelana. Parece que todo le ha costado mucho a la pequeña y a su entorno familiar, porque la sedación paliativa que requieren los enfermos terminales también la logró por sentencia judicial. Todo en el caso chirría, simple y llanamente porque los padres no han pedido, a lo largo del paulatino deterioro de su hija, nada ilegal. Cada una de las medidas que exigían están contempladas en los protocolos vigentes y que recoge la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Aseguran los expertos que si se hubiera atendido por una unidad de estas características este caso ni tan siquiera hubiera saltado a la opinión pública. De hecho, otros menores en situaciones parecidas tienen en España muertes dignas sin tener que causar más dolor al enfermo ni a su entorno familiar. Universalizar las unidades de cuidados paliativos y poner en valor la cultura de la defensa del paciente es fundamental para atajar conductas difícilmente explicables. Las leyes son fundamentales, pero también lo es el equipo de profesionales necesarios para atender este tipo de casos. El ámbito ideológico no debería ocupar aquí ni una sola línea.