La mayor causa de corrupción municipal cumple 8 años

Aunque la investigación comenzó meses antes, el 29 de marzo de 2006 se practicaron las primeras detenciones dentro de esta causa, como la del que ha sido y sigue siendo considerado como cerebro de la trama de corrupción y, posteriormente, principal acusado, Juan Antonio Roca, entonces asesor de la que era alcaldesa, Marisol Yagüe, también arrestada la misma jornada. Junto con ellos y a la que era primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, la Policía detuvo en esta fase a una veintena de personas, entre funcionarios, empresarios y abogados, no sólo en Marbella sino también en otras ciudades españolas. En otras fases, el exregidor Julián Muñoz, varios miembros del equipo de gobierno y otros promotores pasaron a formar parte de “Malaya” como implicados.
El 4 de abril de ese mismo año, el Gobierno inició los trámites para disolver el Ayuntamiento de Marbella, y fue el día 7 cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se llevaba a efecto, después de que el Senado y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) dieran su visto bueno a esta medida excepcional, que se realizaba por primera vez. Los imputados en esta causa superaron los 100, aunque finalmente llegaron a juicio 95. Fueron casi 200 sesiones y cerca de dos años de vista oral, tras lo que el Tribunal encargado del enjuiciamiento dictó sentencia, hecha pública el pasado 4 de octubre. Roca fue condenado a 11 años de prisión, Yagüe a seis, García Marcos a cuatro y Muñoz, a dos. En total 51 condenados y 44 absueltos.
En contra de esta resolución se han mostrado la mayoría de los condenados, menos Muñoz, exponiendo en sus recursos que ha habido infracciones de ley, de preceptos constitucionales y vulneración de derechos. Los trámites de la casación acaban de comenzar en el Supremo y es probable que haya una vista para exponerlos, puesto que lo han solicitado varias partes. La defensa del principal acusado pide al Supremo una revisión prácticamente total del proceso, criticando la instrucción, desde el comienzo por el juez al que le correspondió hasta los registros y, por supuesto, las intervenciones telefónicas; aunque se cuestiona, fundamentalmente la sentencia dictada pero, también, al Tribunal que se encargó del enjuiciamiento y el propio desarrollo del juicio.
Pero tampoco está de acuerdo con la sentencia la Fiscalía Anticorrupción y, en su caso, ha recurrido para pedir que se imponga más pena a la mayoría de los procesados que han sido condenados, instando a una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas. Así, solicita que se aumente en 10 años la condena impuesta a Roca. Se cumplen ocho años de la operación policial y de la detención del principal acusado, casi el mismo tiempo que este lleva en prisión —ingresó el 31 de marzo de 2006—, salvo apenas 10 días de libertad que disfrutó en 2008 desde que salió tras pagar una fianza de un millón de euros en el caso Malaya hasta el momento en el que volvió a la cárcel cuando se le impuso una fianza de tres millones de euros por “Saqueo I”. Son ocho años en los que, según señala su defensa en el recurso presentado ante el Supremo, no ha disfrutado de ningún permiso de fin de semana ni de beneficios penitenciarios y es “el único justiciable que ha cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva”.