La limpieza democrática
Es mi opinión que seas del color que seas siempre puedes afirmar que en política podemos encontrar, con facilidad, personas que tienen recta y sana intención. Esa recta intención se suele ver en las corporaciones locales más que en los ámbitos autonómicos o estatales, no porque no haya también en esos ámbitos personas de conciencia, sino porque quizá ese trozo de poder local está más cerca y a la vista del ciudadano.
Eso no quiere decir que muchas veces no existan irregularidades que en el marco de los propios consistorios municipales, de las comunidades autónomas o del mismo Estado Central, no deban ser depuradas para bien de la limpieza de la democracia. Un fácil mecanismo y una clara oportunidad política para coadyuvar al bien común es la que se presenta tras unas elecciones. Sin pactos subrepticios que envilecen la política y el Estado de Derecho “yo te cubro cuando llegue al poder y tú haces lo mismo cuando me ganes”, cada partido tiene el elemental deber cívico de no permitir las ilegalidades del anterior para un evidente mejoramiento general de las cosas y un reparto más equitativo del dinero, de los bienes y de los derechos ciudadanos. Pero se me ocurre que otros mecanismos de limpieza democrática también pueden llevarse a cabo; en concreto y por ejemplo la modificación de la normativa que politiza la justicia, normativa que hoy permite que el Gobierno, el Congreso y el Senado, junto al Consejo General del Poder Judicial, estén nombrando a todos los jueces de mayor rango de España, incluidos los Presidentes de las Audiencias Provinciales. En este sentido, mil cuatrocientos jueces (la tercera parte del censo) denuncian que el Consejo General del Poder Judicial es un “parlamento en pequeño” —ver en Internet Manifiesto de la Plataforma para la despolitización y la independencia judicial—. Así las cosas, en estos días en los que se hace referencia y se critica tanto la decisión del Tribunal Constitucional sobre Bildu, colocando a este Tribunal como un órgano politizado de la justicia y dejándolo en situación de vergüenza nacional, debemos recordar que también el Tribunal Supremo está completamente politizado por la acción del Congreso, del Senado y del Consejo General del Poder Judicial, órganos que tienen en sus manos todo el poder para nombrar a sus magistrados. En fin, señores míos, democracia real sí, pero sin manipulación y con mecanismos reales, que es la Constitución Española la que nos habilita para reivindicar los derechos ciudadanos y la justicia social.
José Pablo Alcalde es abogado