La ley para proteger la Cornisa Sur de Baeza mira a la orujera
El párrafo 6 del artículo 11.161 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Baeza, aprobado por el pleno y ratificado por la Junta de Andalucía, hace referencia a la fachada meridional de la ciudad, protegida por la Unesco desde julio de 2003, con la declaración de Patrimonio de la Humanidad. En el último pleno de la Corporación baezana se pusieron en marcha los trámites para el desarrollo de esta norma, enmarcada en el llamado Plan Especial de Protección de la Cornisa Sur.
La ley, previsiblemente, afectará a una industria local, actualmente ya, en el “ojo del huracán”. Se trata de la orujera, incómoda para muchos vecinos por los humos y los olores que genera. Estas molestias, además, según defiende el equipo de Gobierno socialista, suponen una amenaza para la conservación del título de la Unesco, al haberse comprometido la ciudad a brindar una mayor protección a este entorno, donde funciona la fábrica.
El alcalde, Leocadio Marín, dio cuenta al resto de concejales de que la Administración local contratará un equipo para la redacción de este plan, por lo que, mediante una providencia del regidor, se abrió un proceso para la adjudicación de este contrato, por un importe de 29.000 euros. El trámite culminará con la Declaración de Zona de Especial Protección Paisajística de la Cornisa Sur y, por lo tanto, se desarrollará el artículo 11.161 del PGOU.
En su formulación preliminar, la norma hace referencia a “las edificaciones destinadas a usos industriales ya implantadas en esta zona en el momento de aprobación del plan”. Sin citarla expresamente, alude a la planta de Oleícola Jaén, pues no hay más fábricas en esta parte del término, ocupada en la actualidad, principalmente, por huertas y otras explotaciones agrícolas y ganaderas. Este punto del PGOU deja claro que para ser objeto de “conservación, consolidación, rehabilitación y ampliación”, es preciso que estas industrias cuenten con la licencia y autorizaciones pertinentes y no supongan “molestias en forma de humos, ruidos y olores”. Precisamente, la orujera funciona al 50% de capacidad, ya que no cuenta con todas las autorizaciones necesarias por parte de la Administración local baezana. Para determinar que la fábrica no cumple estos requisitos, fue preciso un largo pleito que enfrentó a la empresa y al Ayuntamiento y en el que, finalmente, la Justicia dio la razón al Gobierno local. La planta, según las quejas municipales y de ciudadanos, también se considera “molesta”. Esto hace pensar que, llegado el caso, con la ley en la mano y si no se alcanzan soluciones, la orujera, como se conoce hoy, difícilmente podrá tener encaje dentro de las ordenanzas locales.
La campaña de la orujera echó a andar en diciembre de 2014, tras la polémica por el precinto de parte de las instalaciones, criticado por la plantilla por el “excesivo despliegue policial”. El alcalde, por su parte, anunció que su intención es llevar a cabo el proceso para la expropiación de la orujera, al entender que las conversaciones para el traslado de la fábrica están agotadas tras años de negociaciones.