La Ley del Agua no pasa su primer test ante agricultores y regantes

Antes de la reunión del Consejo, la consejera de Medio Ambiente en funciones, Cinta Castillo, avanzó que el proyecto de ley —cuya tramitación fue autorizada por el Consejo de Gobierno el pasado día 7— llegará al Parlamento en junio con el objetivo de que la norma sea aprobada de antes de que acabe el año. Para ello, el anteproyecto saldrá a información pública la próxima semana, una vez que se publique en el BOJA, y estará 15 días en exposición pública.
La consejera detacó que la norma incorpora los contenidos del Acuerdo Andaluz por el Agua rubricado el pasado 3 defebrero por una veintena de asociaciones —con la ausencia de Ecologistas en Acción—, entre ellas las integradas en el Consejo donde ayer, sin embargo, el anteproyecto de ley tuvo una acogida desigual.
Especialmente crítica fue la asociación de regantes Feragua, para quien el anteproyecto es “inquietantemente ambiguo” y “vulnera” la ley estatal al suprimir el principio de unidad de cuenca hidrográfica. Criticó el nuevo canon de servicios generales que, a su juicio, puede convertirse en “un coladero” para aumentar la carga impositiva del regadío. No obstante, mostró especial rechazo al tratamiento que hace la nueva norma de la revisión de las concesiones, con la figura de bancos públicos del agua en cada demarcación o distritos hidrográficos quer permitirá asignar agua para usos de interés general y la administración podrá hacer ofertas públicas de adquisición de derechos de uso para reservas o cederlos a terceros. Para Feragua, resulta un sistema “terriblemente desafortunado” pues “abre la puerta a que los ahorros conseguidos por la modernización del regadío se empleen en nuevos usos en lugar de en aumentar la garantía de agua para todos los usuarios”.
Por contra, la otra asociación de regantes Areda calificó el proyecto de “positivo”, especialmente en cuanto al banco público del agua y el cambio de uso en los derechos concesionales que permitirá resolver situaciones como las demandas de las termosolares, así como la novedad de una regulación de las aguas subterráneas.
Entre las asociaciones de agricultores también hubo valoraciones ambivalentes. Asaja reconoció que se trata de un texto “muy ambicioso” pero “mejorable” por lo que presentará alegaciones a 18 de los 99 artículos de la ley en los que observa “importantes defectos de forma y fondo inaceptables” para la asociación, que además se reunirá la próxima semana con el director de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop.
alegaciones. También UPA presentará alegaciones a cuestiones puntuales, aunque en general destaca que el texto recoge “importantes” novedades como el banco, la regulación tarifaria para todos los usuarios y la posibilidad del cambio de uso del agua en cuanto a los derechos concesionarios, lo que a su juicio permitirá resolver las demandas de algunos proyectos industriales.
Desde COAG, alabaron la participación y transparencia en la gestión que introduce la normativa medienta la “valiente” apuesta por la creación de un Observatorio Andaluz del Agua, un órgano colegiado integrado por las asociaciones que representan los usos domésticos, de defensa medioambiental y de los sectores económicos vinculados. El Observatorio elaborará las propuestas tarifarias con el fin de lograr una homogeneización en función de los servicios en todos los municipios.
Sin embargo, COAG criticó que en el orden de preferencia de usos que utilizará el banco público de aguas, haya desaparecido el concepto de “regadío”, lo que para la organización supone que la agricultura andaluza “pierde un derecho histórico”.
La Agencia Andaluza del Agua ya ha solicitado los informes preceptivos y facultativos a las consejerías competentes, así como a los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento, a las confederaciones hidrográficas y a la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía. A estos informes se añadirán las consideraciones de los miembros del Consejo. redacción / Sevilla