La ley de renta básica acumula retrasos mientras la crisis apremia

Se quedó a las puertas del Parlamento en la anterior legislatura y aunque en la actual se anunció que sería una de las primeras normas en llegar a la Cámara, previsiblemente antes de verano, los plazos para la ley de renta básica siguen sin cumplirse mientras la crisis dispara las peticiones de ayuda.

    17 ago 2009 / 09:54 H.

    El Gobierno central acaba de aprobar ayudas de 420 euros para los parados que hayan agotado su prestación —unos 70.000 en Andalucía— y la Junta ha reconocido que tendrá que destinar 19 millones de euros más este año al salario social (un subsidio de 368,88 euros durante seis meses) porque en el primer semestre se ha concedido casi a tantas familias como en todo 2008 (15.316 solicitudes aceptadas hasta junio frente a las 18.392 del año pasado). Son medidas que buscan paliar los efectos de la crisis entre la ciudadanía, mientras la ley que garantizará a los andaluces el derecho a recibir una renta básica sigue acumulando retrasos entre voces que reclaman que se agilice como la del Defensor del Pueblo Andaluz, CCOO y UGT o la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza. Algunas ONG ya han lanzado la voz de alarma al quedarse sin recursos para atender a una demanda multiplicada.
    La última previsión de la Junta era  aprobarla antes de verano para iniciar su tramitación en la Cámara a partir de septiembre. Una vez incumplido lo primero no hay nuevo plazo fijado, según confirmaron fuentes de la Consejería de Igualdad.  La envolvente económica para los presupuestos de 2010, que deberían reservar una partida para esta prestación, ya ha empezado a elaborarse y la Junta ha anunciado contención y austeridad ya que no se prevé una recuperación económica hasta mediados del año próximo o principios de 2011.
    La renta básica es una antigua promesa electoral de todos los partidos que quedó comprometida finalmente cuando se incluyó como un nuevo derecho social en la reforma del Estatuto de Autonomía, en vigor desde 2007. El ex presidente de la Junta,  Manuel Chaves, se comprometió a sacarla adelante en la pasada legislatura y el Anteproyecto de ley llegó a ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Pero fue en octubre de 2007, sin tiempo para iniciar su tramitación parlamentaria ya que la Cámara se disolvió a final de año para las elecciones autonómicas de marzo de 2008.
    La renta básica se fijó entonces en el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se revisa anualmente y que supondría este año una prestación mínima de 395,43 euros (incrementada un 8% por cada miembro extra de la unidad familiar). La Junta siempre ha aclarado que su percepción estará vinculada a la búsqueda activa de empleo y participación en programas de formación e inserción laboral, ya que el objetivo es evitar la exclusión. Y a diferencia del actual salario social, la edad mínima para recibirla se rebaja de los 25 a los 18 años y se abre a los inmigrantes empadronados, según el texto aprobado en 2007 que sufrirá algunos cambios, como la mayor implicación de los ayuntamientos en su gestión y políticas relacionadas con la Ley de Vivienda que sí ha visto la luz y garantiza derecho estatutario.

    Preparada.
    Tras su reelección, Chaves volvió a marcar esta ley como prioridad en su discurso de investidura y a principios de 2009, la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, afirmó que el texto llegaría al Consejo de Gobierno “en breve”. Tras el relevo presidencial de abril, José Antonio Griñán también se refirió a su importancia y en su última comparecencia parlamentaria, el pasado 3 de junio, Navarro aseguró que el Consejo de Gobierno estaba “cumpliendo los trámites del Anteproyecto de Ley” y que su departamento ya tenía “preparado el borrador” para que entrara a debate en la Cámara. Pero el 28 de julio se celebró el último Consejo previo a las vacaciones de verano sin novedades. Está por ver si se aprobará en septiembre para llevarlo al Parlamento y, con todo, será difícil que la tramitación en la Cámara concluya antes de que termine el año para poder aplicarla en 2010.
    Pero la crisis no entiende de burocracia administrativa y sus efectos se dejan sentir en la ciudadanía. Por ello, la Consejería de Igualdad tendrá que destinar más presupuesto del previsto al salario social, algo que no pasaba desde el año 2003, y se ha comprometido a revisarlo “tantas veces como sea necesario” ante el aluvión de demandas de tantos andaluces necesitados de esta ayuda económica.
    Redacción