La ley de dependencia beneficia ya a más de 20.500 jiennenses

La Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén ha recibido más de 34.000 solicitudes  de ayuda en el marco de la ley de dependencia. Según estos datos, facilitados por la consejera del área, Micaela Navarro, a finales de mayo se les había dado respuesta, en el sentido de reconocer el derecho que le corresponde, a unos 20.500 jiennenses. En esta misma fecha ya recibían algún tipo de prestación 14.500. 
En la capital, los datos aportados por Navarro desvelan un margen de unos 800 solicitantes pendientes de contar con la prestación. Así, a fecha 22 de junio, eran 2.400 los ciudadanos que tenían ya el derecho aprobado y 1.600 quienes lo gozaban. En estos momentos, la Administración contempla un importante porcentaje de personas calificadas como “grandes dependientes” ya evaluadas y confía, en los próximos meses, en comenzar a abordar otros grados de sujeción.  
En casa. Uno de los servicios más demandados es la ayuda a domicilio porque, según explica la titular de Igualdad, las personas, sobre todo las más mayores, lo que desean, siempre que sea posible, es permanecer en su hogar. No obstante, apunta que los servicios técnicos de la Consejería han detectado algunos comportamientos de determinadas familias que pueden tener un carácter fraudulento y que consisten en solicitar la ayuda para los cuidadores, que se abona con los retrasos que les correspondan y, una vez que cobran ese dinero, rechazan los auxilios domiciliarios y solicitan una plaza residencial. 
En este sentido, Navarro pide mayor respeto, en primer lugar,  a lo que es un derecho que el Gobierno ha reconocido de manera solidaria y valiente y, en segundo, para el resto de posibles beneficiarios y los ciudadanos en general. La previsión que tiene la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social es que, a final de 2009, al menos 31.880 peticionarios, en Andalucía, en situación de dependencia se beneficien del Servicio de Ayuda a Domicilio, de forma que reciban en el cómputo global más de 1.817.390 horas de prestación, gracias a las que se generará empleo para más de 11.350 profesionales.
Micaela Navarro explicó que el balance del primer semestre del año refleja que, actualmente, hay 22.800 en estado dependiente que cuentan con un apoyo en el que se encuentran empleados 8.100 especialistas con una cantidad mensual de horas por usuario de 1,3 millones. La intensidad varía en función del tipo: entre 70 y 90 horas al mes para las personas con “gran dependencia” nivel 2; entre 55 y 70 para quienes tienen “gran dependencia” nivel uno; entre 40 y 50 para quienes presentan “dependencia” nivel 2, y entre 30 y 40 horas para la “dependencia severa” nivel 1.
derechos. En Andalucía se establece también la compatibilidad del servicio para las personas que tienen prescrito, en su programa individual de atención, un centro de día y requieren auxilio diario para poder acudir hasta sus especialistas y, en este caso, la intensidad de la oferta de ayuda a domicilio es de 22 horas mensuales.
Navarro añadió que la comunidad autónoma mantiene otras líneas de colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones para la atención a la dependencia, como la financiación destinada para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios, que es la puerta de entrada al sistema que gestionan las entidades locales.
Desde el año 2006, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha invertido 53,4 millones de euros para la contratación y el mantenimiento de 536 profesionales, entre personal administrativo y trabajadores sociales.
Micaela Navarro informó  también de que, a 24 de junio, había en Andalucía más de 240.000 personas valoradas, de las que más de 177.000 tenían reconocido su derecho a recibir una de las prestaciones previstas por la ley de dependencia. De estas, 129.000 ya gozaban de ayuda, el 40 por ciento de ellas económicas para el cuidado en el entorno familiar y la mayoría para los servicios de residencia o de unidad de estancia diurna.
Por otro lado, El Partido Popular presentó, el pasado viernes, en el registro del Senado una moción en la que se insta al Gobierno a revisar los contenidos formativos que deben demostrar los cuidadores, para que sean equiparables a un “certificado de profesionalidad” en atención a dependientes. La moción, que será defendida en la comisión de Sanidad y Consumo de esta Cámara, propone también que se articule una dotación presupuestaria para que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo planes formativos para los cuidadores.
Igualmente se pide, en el contenido, ajustar su aprendizaje al contenido de la formación profesional asociada a las cualificaciones según el Sistema Nacional de Formación Profesional, y el reconocimiento y acreditación de la instrucción recibida, así como la experiencia en el cuidado para el desempeño profesional de estas tareas.