19 jul 2009 / 10:00 H.
Justicia social es lo que piden los trabajadores de la antigua Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), que décadas después siguen luchando para que se reconozca la relación de las enfermedades que padecen con la exposición a ese mineral durante el tiempo que desempeñaron su labor en las instalaciones de Andújar. Hoy aquello es historia, sellado a cal y canto desde el año 1981, pero la lucha de estos hombres y sus familias está muy lejos aún de haberse cerrado. Ahora acaban de recibir un nuevo revés, de los muchos que llevan ya acumulados en su versión de David contra Goliat. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tampoco reconoce sus dolencias como enfermedad profesional, al menos, en las tres sentencias sobre las que hasta ahora ha dictaminado. Todo hace indicar que el resto que hay planteadas ante esta instancia, irán por el mismo camino. Más de la mitad de la plantilla ha fallecido víctima de algún tipo de cáncer y hay decenas más que sufren algún tipo de dolencia que limita su calidad de vida. Pero no han tenido suerte en su empeño y ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ni el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Técnológicas (Ciemat) les han dado la razón. Al contrario, los informes técnicos, a priori imparciales y rigurosos, desestiman la demanda de estos empleados. Con la perspectiva que da el tiempo han sido conscientes del peligro real al que estuvieron expuestos. La sociedad no llega a entender por qué cuesta tanto, a veces, demostrar lo evidente. La alarma saltó hace más de cuarenta años, cuando un análisis detectó que los trabajadores tenían en la orina en torno a 116 microgramos de uranio, cuando el límite de seguridad establecido era de 0,8. No todo está perdido. La siguiente instancia es el Tribunal Supremo. No es momento de caer en el desánimo, en memoria de todos los compañeros que han dejado en este largo recorrido.