La Junta ve mal un registro específico a los inmigrantes
La Junta de Andalucía rechaza un registro específico para la atención sanitaria a inmigrantes que no tienen regularizada su residencia en la Comunidad y que carecen de recursos económicos y aseguramiento por considerarlo “discriminatorio y disuasorio”.
En un comunicado, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, tras conocer el anuncio realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la puesta en marcha de un registro en el que tendrán que figurar estas personas, ha expresado su disconformidad con esta medida, al considerar que este colectivo no debe estar sometido a más “discriminaciones o segregaciones” con una base de datos específica.
En este sentido, explica que la información clínica de los inmigrantes debe ser tratada “de igual forma a la del resto de la población española”. Al mismo tiempo, recuerda que la Junta sigue defendiendo “una sanidad pública universal, con el mismo acceso y los mismos derechos para toda la población”, tal y como se viene prestando en la Comunidad andaluza desde 1999. “Sólo hay una sanidad pública posible, la universal, por lo que no admite excepciones, discriminaciones o ambigüedades en los compromisos adquiridos, tal y como ha reiterado en diferentes consejos interterritoriales”, explica, pues en este sentido, el consejero exige la retirada del Real Decreto Ley de 2012, que “excluye explícitamente a estas personas”.
La Consejería de Salud explica que la vía de entrada de la población inmigrante, al igual que ocurre con el resto de la población, suele ser la atención primaria, pero también puede ser puerta de entrada las Urgencias de los centros asistenciales, por lo que la Junta indica que “nunca se admitirá reconocer el acceso de este colectivo únicamente a atención primaria”. Según recalca el consejero de Salud, el acceso debe ser al conjunto de la cartera de servicios sanitarios, como son las consultas de atención primaria, consultas de atención especializadas, urgencias, o prestación farmacéutica, entre otros. Para el Gobierno andaluz, la defensa de la universalidad de la sanidad es “una decisión solidaria y de salud pública que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos”, indica el consejero de Salud Aquilino Alonso.