La Junta tramitará las autorizaciones de trabajo a inmigrantes

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería para adaptarlo a los Estatutos de Cataluña y Andalucía, que se atribuyen la competencia para autorizar el trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en su territorio, condición necesaria para obtener el permiso de residencia.
En el caso de Cataluña, un primer acuerdo ya permitió que la Generalitat asumiera la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo. Pero Andalucía ha tenido que esperar a una regulación en la legislación estatal para que se haga efectivo lo establecido en el artículo 62 del nuevo Estatuto de Autonomía, en vigor desde marzo de 2007. Junta y Gobierno comenzaron a negociar el traspaso de esta competencia en julio de 2007 y el Ejecutivo andaluz preveía cerrarlo antes de las elecciones autonómicas de marzo de 2008, aunque finalmente no será efectivo hasta la reforma legal aprobada ayer.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó tras el Consejo de Ministros que “se trata de una atribución que debe ejercerse en coordinación con el Gobierno, ya que es la autoridad competente en materia de residencia”.
De acuerdo al Real Decreto aprobado ayer, se emitirá “una sola resolución conjunta de ambas administraciones para las solicitudes de residencia y de trabajo”, por lo que sólo habrá “un único procedimiento”, lo que hará “más eficaz y más ágil” la gestión de las solicitudes, aseguró Teresa De la Vega.
La administración autonómica y la estatal ejercerán sus competencias a través de un procedimiento único que, soportado internamente por un sistema informático, permitirá compartir información y ahorrar trámites, así como que ambas administraciones conozcan el estado de tramitación en todo momento.
Así, en el caso de Andalucía, el punto de referencia a partir de ahora para los extranjeros que quieran solicitar sus permisos serán las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en sustitución de las subdelegaciones del Gobierno central en cada provincia encargadas hasta ahora. La Junta prevé que estos trámites comiencen a realizarse en unas decenas de oficinas y progresivamente se extienda a toda la red.
Esta nueva potestad del SAE coincide con el traspaso de todas las competencias en materia de inmigración desde la Consejería de Gobernación a la de Empleo. Y junto a la tramitación de los permisos de trabajo, la Junta de Andalucía también asumirá la aplicación del régimen de inspección y sanción.