La Junta sigue la senda de la transparencia
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó iniciar la tramitación del futuro Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, órgano concebido como “autoridad independiente” que entrará en funcionamiento en el primer trimestre del año y cuyo director, que tendrá la consideración de alto cargo, será elegido por mayoría absoluta del Parlamento autonómico por un periodo inicial de cinco años no renovables.

Según informó en rueda de prensa el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, el borrador de los estatutos del futuro Consejo de Transparencia será sometido a partir de ahora a información pública con el objetivo de lograr la “máxima participación” de los agentes que ya intervinieron en el proceso de elaboración de la Ley de Transparencia.
Ha indicado que, sin duda, se da un paso importante y la Junta se adelanta en tiempo y forma a lo que en estos momentos es una demanda de la ciudadanía.
Jiménez Barrios destacó que la publicación del borrador de los estatutos de este Consejo, que se podrá consultar en internet, supone “adelantar los plazos previstos” en la propia Ley, que no entrará en vigor hasta el próximo mes de junio, en línea con el compromiso asumido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad.
A partir de hoy, se abre un plazo de un mes con el fin de que los ciudadanos puedan conocer el texto y presentar alegaciones. El consejero hizo un llamamiento al consenso entre los partidos con representación en el Parlamento para designar a la persona que esté al frente del Consejo, cuyo perfil debe responder al de alguien con reconocido prestigio y con una experiencia de 15 años en materia de transparencia y de administración pública. Jiménez Barrios añadió que tiene que ser una persona con la formación necesaria para ser capaz de llevar adelante una iniciativa de este calado y ha estimado que este es uno de los temas que “tiene que llevar el obligado consenso de todas las fuerzas políticas del país”. El nuevo órgano tramitará las denuncias que presente cualquier persona o entidad pública o privada en relación con los temas de su competencia y podrá iniciar procedimientos de investigación.