La Junta se rebela contra las ayudas para comprar una VPO

Nadie en el Gobierno andaluz se dio prisa por hablar, hasta que ayer la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, zanjó las dudas, manifestó su profundo rechazo por estas medidas, advirtió al Estado que dañará “el derecho de acceso a la vivienda de los ciudadanos” y abrió un nuevo cisma político entre dos gobiernos del mismo signo (PSOE) a cuenta de le los recortes y la contención del déficit.
Aguilar se encontraba ayer en la conferencia sectorial de vivienda, en Madrid, escuchando los detalles del tijeretazo que el ministerio va a darle al plan de vivienda social, y por extensión a la ley de vivienda andaluza. Los recortes que ha diseñado la ministra Beatriz Corredor significan la supresión de las ayudas directas que hasta ahora recibían los ciudadanos para la compra de una VPO y las subvenciones que obtenían los promotores para construirlas. Significa un golpe letal en la línea de flotación de una de las políticas sociales más mimada por el Gobierno andaluz, tanto que incluso se blindó el derecho a la vivienda en el nuevo Estatuto, para que el ciudadano pudiera denunciar a la administración –a los ayuntamientos– si no accedían a una casa digna.
La consejera dejó patente el “total desacuerdo” con las propuestas de Corredor. “Si al final se aprueban como están, presentaremos alegaciones”, dijo, “esto afecta al derecho al acceso a la vivienda de los ciudadanos. El ministerio se lo está poniendo más difícil”. Sin que se haya perfilado aún el plan de recortes de Vivienda, fuentes de la Junta ya calculan que Andalucía podría perder en torno a 100 millones de euros al año en subvenciones. Con ese dinero, el Gobierno andaluz sufragaba íntegramente las ayudas a familias con rentas bajas (hasta 8.000 euros) y a los promotores (hasta 2.000 euros). “Sumamos dos elementos  negativos que tienen un impacto desde punto de vista social y también  económico”, dijo Aguilar.
A cambio de retirarlas, el ministerio flexibilizará las condiciones de las hipotecas y en vez de permitir sufragar el 80% del valor de una VPO, ahora podrán pedir hasta el 90% del valor total de la vivienda. Esta no es una medida que desagrade a las comunidades –de hecho ya lo venían reclamando los sindicatos– pero el problema es que el crédito bancario sigue fluyendo con timidez y las familias con menos ingresos lo sufren más. En cualquier modo, las tesis de Beatriz Corredor despertaron un rechazo casi unánime en el resto de consejeros de vivienda de otras comunidades autónomas.
Aguilar explicó tras la reunión que sí  comparte que la necesidad de un reajuste y que las políticas de  alquiler y rehabilitación sean prioritarias –como les dijo la ministra–, pero no que se sustituya  la ayuda directa a la entrada de una VPO por la ampliación de la hipoteca hasta el 90% del valor del piso. Corredor se había ausentado de la conferenia sectorial unos minutos antes para anunciar a los periodistas su intención de  eliminar la llamada reserva de eficacia este mismo año, retirando el presupuesto estatal adicional para las comunidades  que superen los objetivos convenidos, y que no renovará la subvención para las ventanillas únicas, prevista hasta 2013.
alternativas. Desde que conocieron la decisión de la ministra, Obras Públicas ha tenido tiempo de darle vueltas. Puede que fruto de esa reflexión, Aguilar se aventurara ya ayer a proponer alternativas, como fijar unos niveles de riqueza para ver quién necesita más la ayuda y seleccionar mejor “a qué capa de población hay que seguir ayudando para que pueda comprar una VPO”. Esto, según Aguilar, serían recortes, pero impactarían “mucho menos”.  Aguilar ha pedido “dialogar desde la lealtad institucional para  acordar” y, para ello, el Ministerio celebrará reuniones bilaterales  con las Comunidades Autónomas, momento que Andalucía aprovechará para  “proponer alternativas que mejoren sustancialmente las propuestas”  planteadas hoy. En cualquier caso, es consciente de que Corredor  considera que “las propuestas que ha hecho son las mejores para los  objetivos de reajuste”.  Ha confiando en que esa reunión a dos bandas sea en septiembre y  “pronto porque hay que dar respuesta ágil”.
Redacción / Madrid