La Junta prepara un decreto para regular la situación de las viviendas ilegales

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de  Gobierno, Cruz Villalón ha explicado que el decreto distinguirá, a  grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los  asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como  para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados  ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y  actividades vinculadas al medio rural que también requieren de  servicios públicos).
Respecto a las viviendas aisladas, el decreto diferenciará las que  son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de  estas últimas, se hará una distinción entre aquellas en las que ha  prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras  en las que no puede darse esta circunstancia por ubicarse en suelos  protegidos o inundables.
La norma dará así una respuesta diferenciada a cada situación, de  manera que, según los casos, las viviendas puedan obtener una  licencia de ocupación o un reconocimiento que les permita mantener su  estado actual y acceder a servicios como los de luz y agua, al menos  en régimen de autoabastecimiento pero manteniendo la condición de  edificación en suelo no urbanizable.
Para los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de Hábitat Rural  Diseminado, el decreto establecerá las condiciones y procedimientos  de legalización a través del planeamiento urbanístico municipal y  siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e  infraestructuras básicas.
La titular de Obras Públicas y Vivienda ha subrayado que no se  trata de una norma de punto final ni supone una regularización  indiscriminada, sino una medida que permitirá reconocer las distintas  situaciones para dotar a las construcciones de un régimen urbanístico  acorde y siempre en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de  Andalucía.
La futura norma se complementa con el apoyo que presta la Junta a  los ayuntamientos para la redacción de sus instrumentos de planeamiento y  para el ejercicio de las competencias municipales en materia de  disciplina urbanística. En este sentido, la Junta ha firmado acuerdos  con ayuntamientos de las ocho provincias andaluzas para colaborar en  la elaboración de inventarios de las edificaciones existentes en  suelo no urbanizable y para la realización de los correspondientes  planes municipales de inspección.
La primera fase de estos inventarios ha concluido en 32 municipios  de las comarcas del Valle del Almanzora (Almería) y de la Axarquía  (Málaga), donde se han identificado algo más de 25.500 edificaciones  en terreno no urbanizable. De acuerdo con el análisis realizado por  la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el nuevo decreto podría  aplicarse a casi el 90 por ciento de estas construcciones.