La Junta potenciará la cobertura jurídica contra desahucios

El objetivo es que la oficina pase de los cuatro empleados actuales —dos administrativos, un asesor jurídico y un coordinador— a “seis o siete personas”, consolidando la faceta jurídica. “Ahora, estamos negociando la RPT y el coste se desconoce —confesó Valdivielso—, pero no será problema porque estamos viendo que la oficina está dando solución. De cada 100 casos, 70 se solucionan”. En los tres años que lleva en funcionamiento este servicio, 2013 es el que concentra el mayor número de solicitudes: 345, que representan un 47% de las 731 que se han tramitado desde octubre de 2012. En 2014 se registraron 249. Frente a estas cifras, en lo que va de año el número de expedientes se ha reducido en un “70%”, hasta las 78 que se contabilizaban hasta ayer. “Datos buenos” —valoró el delegado de Vivienda— que “no solo se deben al trabajo de la Consejería”, sino a una “conjunción de factores”.
“Hemos detectado que los bancos no quieren pisos vacíos y negocian hasta la extenuación”, aseguró el delegado de Fomento y Vivienda, que destacó el efecto del código de buenas prácticas: “Las entidades financieras se han concienciado, bien porque económicamente no les interesa o porque ven que socialmente no está bien visto el desahucio”.
En sus tres años de existencia, la Oficina de Defensa de la Vivienda puede jactarse de que no se haya producido “ningún lanzamiento sobre vivienda incursa en ejecución hipotecaria”. Fue un aspecto en el que hizo especial hincapié el delegado, que resaltó que el trabajo de la oficina se ha enfocado en tres vertientes. La primera, la prevención de los desahucios. En esta área se han recibido 111 peticiones informativas, de las que el “50%” estuvieron relacionadas con las condiciones de alquiler y las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios. La segunda es la intermediación. Una fase en la que, según el delegado, el “70%” de los casos acabó en éxito, con la reestructuración de la deuda hipotecaria. “El objetivo ha sido que la familia permanezca en la vivienda”, enfatizó Valdivielso, que apuntó que “solo si no ha habido remedio” se optó por la dación en pago, con la condonación de la deuda “con o sin alquiler social”. En concreto, en estos tres años, se han negociado 69 daciones en pago, de las que 58 (el 84%) acabó con “resultado favorable”.
Pero ha habido familias que no han tenido tanta “suerte” y perdieron la vivienda. En este nivel, llamado de “protección”, se atendieron 80 casos. De ellos, 58 (un 66%) eran familias desahuciadas por impago de alquiler y las 22 restantes de hipoteca. “Suelen ser familias que carecen de ingresos y normalmente en situación de riesgo de exclusión social”, explicó Valdivielso, que concretó que, en estos casos, se remitieron los expedientes a los Servicios Sociales del municipio correspondiente y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y, hasta la fecha, se la ha procurado una vivienda alternativa a 18 familias.
Por municipios, la capital (con un 33%); Linares, con un 11,5%, y Andújar, con un 9%, “copan” el 50% de los 731 expedientes que la Oficina de Defensa de la Vivienda ha tramitado en estos tres años.