La Junta pide 40 años para Roca por el caso 'Malaya'

En el documento, de 220 folios y al que tuvo acceso Europa Press,  la Administración andaluza acusa a Roca de los delitos de cohecho,  prevaricación, malversación, falsedad, alteración de precios de  concursos, tráfico de influencias, desobediencia, contra la Hacienda  Pública y blanqueo de capitales, algunos continuados. Además, se  solicitan 67 años de inhabilitación para empleo público. Asimismo, para el ex alcalde Julián Muñoz se piden 14 años de  cárcel, 32 de inhabilitación y multa de 600.000 euros por los delitos  continuados de cohecho, malversación y otro de prevaricación;  mientras que para la ex alcaldesa Marisol Yagüe se piden 17 años y  medio de prisión, 39 de inhabilitación, seis de suspensión de empleo  y 4,8 millones de multa por cohecho, malversación, prevaricación y  alteración de precios.

Esta acusación considera que Roca supuestamente se valió "del  poder de hecho que ostentaba sobre la institución municipal como  consecuencia del sometimiento a su voluntad de miembros del Gobierno  municipal y de determinados funcionarios municipales, que  conscientemente renunciaron a ejercer las funciones de control a que  legalmente estaban obligados". Señala que de los hechos presuntamente cometidos por los acusados  "ha resultado un grave perjuicio para el patrimonio municipal de tal  entidad que determinó la incapacidad financiera del municipio de  Marbella abocando, entre otras causas, a la disolución de la  Corporación en fecha 8 de abril de 2006". En este punto, explica  varios convenios urbanísticos.

Así, la administración andaluza precisa el dinero que  supuestamente recibió Roca de varios empresarios y que luego habría  repartido presuntamente entre varios miembros del equipo de gobierno  como Yagüe o Isabel García Marcos, para la que pide seis años de  cárcel, 27 de inhabilitación, tres de suspensión de empleo y multa de  más de un millón por presunto cohecho, cohecho continuado y  prevaricación. Asimismo, nombra a los empresarios que supuestamente pagaron,  entre ellos varios responsables de Aifos, a los que acusa de los  delitos de cohecho y malversación, por los que pide 12 años de cárcel  y multa de 21 millones para cada uno; Cristóbal Peñarroya, para el  que pide cuatro años de prisión por cohecho; o Rafael Gómez, para el  que solicita la misma pena por el mismo delito, aunque también 10  años de inhabilitación al acusarlo además de prevaricación.

En el escrito se analizan otras operaciones en las que habrían  participado supuestamente promotores como Carlos Sánchez, para el que  piden 19 años de cárcel y multa de unos 25 millones; o José Avila  Rojas, para el que se piden 21 años de prisión, multa de 55 millones  e inhabilitación para el ejercicio del comercio durante tres años.  Además se especifican las adjudicaciones para la explotación de la  estación de autobuses y el servicio de grúa. Esta acusación considera también que el que fuera jefe de la  Policía Local Rafael del Pozo "omitió conscientemente la ejecución de  ordenes de paralización y precinto de obras que venían ordenadas por  la Alcaldía en cumplimiento de resoluciones judiciales", por lo que  le acusa de delitos de cohecho, tenencia ilícita de armas,  prevaricación, desobediencia, malversación y solicita nueve años de  cárcel y 24 de inhabilitación.

También se explica la operación supuestamente llevada a cabo por  el ex primer teniente de alcalde Pedro Román junto al presunto  cerebro de la trama y otros acusados, de forma que se le acusa de  blanqueo, inducción de un delito de malversación y de un delito  continuado contra la Hacienda Pública, solicitando 14 años de cárcel  e inhabilitación para ejercer el comercio por tres años, entre otras  penas.

OCULTACION

Asimismo se analizan las transmisiones de propiedades que  presuntamente realizó Roca "con el objeto de ocultar el origen de los  bienes obtenidos", apartado por el que acusa de blanqueo de capitales  a varios supuestos testaferros, entre otros, a Montserrat Corulla,  para la que pide siete años de prisión, multa de 43,8 millones e  inhabilitación para ejercer la abogacía por cuatro años. Además, la Junta considera que también "para ocultar el origen de  los bienes y efectivo obtenidos ilícitamente así como para  rentabilizarlos económicamente", Roca presuntamente compró boletos de  juego de azar premiados, por lo que se acusa a la hija y la mujer de  éste por un delito de blanqueo; además de supuestamente valerse de  determinados marchantes de arte.

En el escrito se señala que con el mismo fin de "ocultar" estas  propiedades o "los efectos y bienes obtenidos ilícitamente del  Ayuntamiento de Marbella por lo que ha sido condenado ejecutoriamente  en sentencia de la Audiencia Nacional", Roca "configuró una  organización" para lo que se valió supuestamente de varias personas,  como los principales miembros del bufete Sánchez Zubizarreta Soriano  Pastor. Estos, según esta acusación, "pusieron a disposición del acusado  Juan Antonio Roca Nicolás los servicios de su despacho profesional,  radicado en Madrid, facilitándole la constitución de sociedades con  las que ocultar el patrimonio ilícitamente obtenido, y prestándose a  que profesionales y empleados de su despacho figuraran formalmente  como titulares o administradores de dichas sociedades".

ABOGACIA DEL ESTADO

La Abogacía del Estado también ha realizado escrito de acusación  por este caso 'Malaya' contra cuatro personas, como son Roca, Román,  Florencio San Agapito y el abogado Juan Germán Hoffman. A estos  cuatro los acusa por un delito contra la Hacienda Pública con la  agravante de utilizar a personas interpuestas para ocultar la  identidad en relación con la operación denominada 'Crucero Banús'. Por dicha operación, según las conclusiones iniciales de esta  parte a las que tuvo acceso Europa Press, Román supuestamente dejó de  ingresar en el IRPF en 2002 la cantidad de 1,9 millones de euros;  Roca, 465.505 euros, San Agapito, 191.464 euros y Hoffman, 232.752  euros. Cada acusado se enfrenta a una petición de dos años y medio de  prisión y multa del duplo de lo presuntamente defraudado.

Pero, además, acusa a Román de otros cuatro delitos contra la  Hacienda Pública, puesto que la investigación "ha puesto de  manifiesto ganancias patrimoniales que no se corresponden con la  renta o el patrimonio declarado" de forma que supuestamente dejó de  ingresar varias cantidades en 2001, 2003, 2004 y 2005. Por esto, se  solicita dos años de cárcel por cada delito. También acusa a San Agapito por otro de estos delitos porque  supuestamente "existen indicios de una ganancia patrimonial no  declarada en 2001", solicitando dos años de cárcel. En cuanto a la  responsabilidad civil, se insta a que paguen las cantidades que  supuestamente defraudaron a la Hacienda Pública.