La Junta pedirá al Supremo la suspensión cautelar de la Lomce
La Junta de Andalucía está contra la Lomce y pedirá su suspensión ante el Tribunal Supremo. Así lo confirma Luciano Alonso, que asegura que el Gobierno andaluz luchará intensamente por su objetivo: “impedir un daño irreparable a varias generaciones de estudiantes”.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía confirmó que el Ejecutivo autonómico presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Supremo (TS) para solicitar la suspensión cautelar de la ya vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
El consejero del ramo, Luciano Alonso, anunció, durante la reunión del Consejo Escolar de Andalucía, que el Gobierno regional toma esta decisión ante la necesidad de poner en marcha “todos los mecanismos para evitar la aplicación de la norma”, ya que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) no paraliza la ley de forma inmediata. Asimismo, Alonso subrayó en Granada que así lo han solicitado “padres, alumnos, profesores y sindicatos” y agregó que el objetivo es impedir “un daño irreparable” a varias generaciones de estudiantes con una ley que, en su diseño, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, “ha olvidado” lo que significa el consenso, “despreciando a las familias”, a la comunidad educativa y a las autonomías.
El titular de Educación recalcó que se recogen de este modo las peticiones de la comunidad educativa y también del Parlamento de Andalucía, que aprobó el jueves con los votos del PSOE y de IULV-CA una proposición no de ley para instar a la Junta a impedir la aplicación de la Lomce en el próximo curso 2014-2015. Para el consejero, esta ley pretende incorporar a los alumnos en un proceso de selección como si la educación “fuera un control de calidad industrial”, a lo que se suman las “incertidumbres que, aún hoy”, a meses de su implantación, existen por culpa de la “improvisación y las prisas por imponer un modelo que nos devuelve al pasado y a la desigualdad”.
desplantes. Alonso apuntó también que la comunidad educativa y la Junta han “luchado intensamente” para parar o mejorar la ley”, lo que se ha intentado desde la “negociación”, el diálogo y buscando su aplazamiento explicando al ministro “que no era necesaria tanta urgencia”. Ante esto, lamentó, “sólo hemos obtenido del Gobierno de Rajoy desplantes y rectificaciones parciales también improvisadas”, así como “promesas de inversión que no están documentadas en ningún sitio”.
Así, anunció que la Junta “está trabajando para que esta ley suponga los menores prejuicios para nuestra comunidad” y por ello la Consejería de Educación prepara el desarrollo de sus competencias autonómicas a través del diseño de los nuevos decretos de Enseñanzas de Andalucía, ya que cada comunidad tiene la obligación de completar el currículo educativo. No obstante, el consejero advirtió que resulta imposible que la normativa andaluza pueda estar aprobada y publicada en plazo, debido a la escasez de tiempo entre la publicación de la legislación estatal y el inicio del próximo curso escolar.