La Junta otorga al maltratador de Bedmar plaza en un centro
El arrugado rostro de Sebastián M. C. dio la vuelta al mundo el pasado mes de marzo. Este vecino de Bedmar, de 78 años, fue entonces el protagonista de una polémica decisión de la Audiencia de Jaén. Los magistrados anularon una condena de nueve meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena. Y es que, tras pasar un lustro en la cárcel, Sebastián volvió a su pueblo el 16 de agosto de 2011. No obstante, una sentencia le prohibía acercarse a su esposa por haberla maltratado. Durante varios meses, durmió en una pensión de Jódar. Cuando no tuvo más dinero, pasó muchas noches al raso, en un parque de su pueblo. Finalmente, a su mujer, a la víctima de su violencia, “le dio lástima” y lo “recogió” en casa. En 2012, la Guardia Civil descubrió que Sebastián y Antonia vivían juntos y, por ello, denunció otra vez al maltratador, que fue condenado a nueve meses de prisión.
Fue, entonces, cuando la Audiencia tomó la polémica decisión de absolverlo, al entender que le era aplicable la eximente de estado de necesidad. Los magistrados anularon el castigo en base “a la avanzada edad” de Sebastián, a “su evidente deterioro físico” y, sobre todo, al hecho de que no tenía “un lugar donde ir”. La resolución fue muy criticada por la fiscal encargada de los casos de violencia contra la mujer, Gracia Rodríguez Velasco, que llegó a asegurar que la decisión de la Audiencia suponía un “indulto encubierto”. Estas palabras originaron el mayor cisma que se recuerda en la provincia entre el Ministerio Público y la Judicatura, con un plante en bloque de los jueces a la fiscal cuando le fue entregada una condecoración.
La fiscal siempre defendió que Sebastián no podía vivir en su casa y que los servicios sociales debían buscarle plaza en una residencia. De esta forma, se evitaría que el hombre volviera a dormir en la calle —tal y como estaba ocurriendo últimamente— o que quebrantara la orden de la alejamiento —como ocurrió en marzo en un caso que está todavía pendiente de juicio—. Y es lo que ahora le ha concedido la Junta de Andalucía, tal y como confirma su abogada, Gema Guerrero. Desde hace unas semanas, el anciano vive en un centro de mayores de la provincia de Córdoba. “Se le otorgó la plaza por el procedimiento de urgencia debido a la situación en la que se encontraba la víctima”, explica la letrada. Sin embargo, Guerrero aclara que la solución adoptada por la Junta ha generado “un problema aún mayor”. “Sebastián y también su esposa me han llamado para decirme que les están embargando prácticamente toda la pensión que recibe él para pagar la plaza de la residencia. La mujer me dice que no tiene ni para pagar la luz”, explica la abogada. Y añade: “Sebastián ha llegado a decirme que cuando estuvo en la cárcel no le cobraban nada y que no entiende por qué lo hacen ahora”.
El maltratador de Bedmar no podrá acercarse a su esposa hasta noviembre. Sin embargo, todavía tiene dos procedimientos pendientes. En el primero fue condenado, en mayo, a nueve meses de prisión por un quebrantamiento anterior, una sentencia que aún no es firme, pues está recurrida ante la Audiencia. El segundo está a la espera de que se celebre el juicio. La Fiscalía le pide un año de cárcel. “A día de hoy, Sebastián no supone un peligro para nadie. Pagó con la cárcel por lo que hizo y consiguió rehacer su vida. Solo quiere que lo dejen tranquilo”, concluyó su abogada.