La Junta no remitirá las actas del Consejo que pide la juez del caso ERE porque "vulneraría la Ley de Gobierno"

Así lo ha anunciado la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, en  la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de  Gobierno, en la que ha explicado que la Junta ha acordado ofrecer a  la magistrada, algo que se hará mediante un requerimiento acompañado  de oferta de vía alternativa, con "carácter inmediato", "vías  alternativas" para conocer "idéntica información" a la demandada a  través de la "certificación de acuerdos o informes concretos"  adoptados por el Consejo de Gobierno sin desvelar el contenido  íntegro de las actas, lo que permitiría no vulnerar la Ley del  Gobierno.

Tras señalar que esta solicitud de la magistrada es "inédita en el  orden constitucional español", Moreno ha indicado que, "en el caso  improbable de que el Juzgado no acepte estas vías alternativas", la  Junta formulará un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal  de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, "en  defensa de las potestades del Gobierno andaluz" por considerar que la  juez "carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de  parte del contenido de las actas".

Moreno ha recordado que, en caso de que finalmente tuviera que  pronunciarse dicho tribunal, dado su carácter nacional, la resolución  que dictara, marcaría un precedente para toda España, incluso para el  Consejo de Ministros.      

La Junta ha adoptado estas decisiones en base a un informe de sus  Servicios Jurídicos en el que se señala que es contenido propio de  las actas de Consejo de Gobierno, conforme a los dispuesto en el  artículo 30.3 de la Ley del Gobierno de Andalucía, las circunstancias  relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los  asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados, según  ha expuesto Moreno, quien se ha referido también al artículo 31 de la  citada norma, donde se señala que los documentos que se presenten al  Consejo de Gobierno tendrán "carácter reservado hasta que el propio  Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos". 

Asimismo, los acuerdos adoptados e informes presentados, según ha  explicado, pueden ser de naturaleza administrativa --sometidos al  principio de publicidad-- o política, que no se someten al principio  de publicidad o de certificación, a no ser que de manera expresa se  acuerde lo contrario por el Consejo de Gobierno. "Es una potestad,  por lo tanto, la de hacerlos públicos que corresponde en exclusiva al  Consejo de Gobierno", según ha indicado la consejera, quien ha  agregado que en este caso el juzgado no se ha dirigido al Ejecutivo  solicitando tal pronunciamiento y motivando las relaciones de dicha  necesidad, sino que se ha solicitado la entrega material de todas las  actas, de diez años, "sin especificar qué tipo de acuerdo o contenido  de las actas se precisan para el buen fin de la investigación  judicial". 

Según Mar Moreno, estamos, por lo tanto, ante una petición "que no  discrimina y que además no está motivada para que pueda sustentar al  Consejo de Gobierno, que en caso contrario se vería obligado a  incumplir la Ley, a renunciar a la naturaleza reservada de parte de  sus sesiones o a renunciar a sus competencias".

En este sentido, ha recalcado que el requerimiento del juzgado  relativo a las actas provoca un "claro conflicto jurisdiccional" y de  poderes constitucionales, entre el ejecutivo y el judicial. Ha  expresado que la Junta quiere resolver ese conflicto a favor de la  investigación judicial, sin "violentar" la Ley del Gobierno, lo que  supone ofrecer al Juzgado vías alternativas "para llegar al mismo  fin". "Pero entendemos que la remisión de las actas de forma  generalizada no es legal", ha sentenciado Moreno, quien ha señalado  que quieren dar toda la información que precise el juzgado "sin  violar de forma indiscriminada el carácter reservado de la  documentación que puede incorporarse a las actas del Consejo de  Gobierno". 

Ha indicado además que esta decisión de la Junta, en modo alguno,  detiene las actuaciones ni el procedimiento judicial abierto, porque  se refiere concretamente a las actas del Consejo de Gobierno, con lo  que no tiene la "menor influencia dilatoria" en el resto del  procedimiento. 

Ha insistido en que no parece razonable que en busca de algún  acuerdo concreto, se pida a un Gobierno que haga públicos miles de  acuerdos o informes de naturaleza política o administrativa que "nada  tienen que ver con la investigación judicial".

"No alcanzo a entender para qué el juzgado puede querer todas las  actas del Consejo de Gobierno de diez años para distribuir entre  todas las partes del proceso miles y miles de acuerdo que nada tienen  que ver con la investigación que se sigue en el juzgado", según ha  señalado.    

NINGUNA INTENCION DE "OCULTAR"

Preguntada sobre si no les preocupa que el PP-A acuse a la Junta  de querer "ocultar" algo al no remitir las actas completas, Mar  Moreno ha señalado que si el Gobierno andaluz tuviera algo que  "ocultar" no hubiera ofrecido al Juzgado una vía alternativa y  hubiera ido directamente al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.  Ha agregado que, sin duda, el PP dirá lo que quiera decir y se  aprovechará de cualquier "incidencia", al tiempo que volverá a  recurrir a la crítica "fácil y simple" y a la desinformación a la  ciudadanía.  

Ha recordado que el pasado viernes la Junta ya depositó en el  Juzgado la documentación que se requería en un plazo de 48 horas, lo  que ha supuesto más de 150.000 folios localizados, cotejados y  diligenciados por funcionarios, mientras que la documentación  pendiente que no está sujeta a ese límite temporal se pondrá a  disposición del juzgado en pocos días. "La juez y la Junta estamos  montados en el mismo barco y, por lo tanto, no tengo la menor  desconfianza hacia el juzgado", ha sentenciado Moreno tras ser  preguntada sobre si cree que la juez ha abierto una "causa general"  contra la Junta.   

"De los 57 documentos solicitados en el auto, queremos remitir al  juzgado 57", ha sentenciado la consejera, quien ha insistido en que  se quiere sustituir la remisión de todas las actas del Consejo de  Gobierno por "certificados de acuerdos o informes concretos",  incluidos, si la juez lo solicita, informes de "naturaleza política"  y que estén relacionados con el caso. 

De otro lado, Mar Moreno ha querido dejar claro que puede haber  uno, cinco o siete informes de la Intervención General en relación  con el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales, pero que  ninguno "detectó un fraude como el que se estaba cometiendo".