La Junta no dirá ‘sí’ a la financiación hasta ver números, pero la cree “fiel” al Estatuto
Isabel Morillo / Sevilla
Tras un lustro con la guerra por el dinero abierta, el vicepresidente Solbes remitió ayer a las comunidades la financiación que el Gobierno quiere estrenar en 2009. La Junta de Andalucía se declaró en sintonía con la propuesta pero sin lanzar las campanas al vuelo. Es “fiel” al Estatuto pero sin números. Y los euros son la llave.
Isabel Morillo / SevillaTras un lustro con la guerra por el dinero abierta, el vicepresidente Solbes remitió ayer a las comunidades la financiación que el Gobierno quiere estrenar en 2009. La Junta de Andalucía se declaró en sintonía con la propuesta pero sin lanzar las campanas al vuelo. Es “fiel” al Estatuto pero sin números. Y los euros son la llave.
24 horas antes de que expirara el plazo comprometido con Cataluña, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, avanzó una segunda propuesta del Gobierno que, esta vez, sólo arrancó un tibio apoyo de las comunidades socialistas y un rechazo frontal de las del PP. Cataluña constató un “avance” pero es “insuficiente” porque no garantiza el Estatut. Andalucía dijo que “queda un trabajo muy difícil” pero los “comienzos son alentadores”.
La reforma que Zapatero envió a las comunidades deja muchos aspectos en el aire, aunque avanza al perfilar los principios para repartir el dinero del Estado entre las autonomías. La población, ponderada, manda. Los menores, como pedía Andalucía, contarán más en educación y los mayores y niños más en sanidad.
Estas reglas básicas compatibilizan los deseos de dos modelos opuestos. El de Cataluña, adalid de las comunidades más ricas y empeñadas en poner tope a la solidaridad entre regiones para que las que aportan más no se lleven menos. Y el de Andalucía, que se erigió desde 2005 en “muro de contención de privilegios” y presentó una propuesta con la igualdad en la financiación de los servicios como piedra angular. Vale, dice, corregir desequilibrios porque la financiación per capita varía ahora (2006) hasta 546 euros entre Cantabria y Valencia. Pero rechaza que las que más aporten por ser más dinámicas económicamente tengan más recursos que el resto.
Queda conocer cuánto dinero adicional pondrá sobre la mesa el Estado para cuadrar las reclamaciones de todas las comunidades y garantizar el statu quo (que ninguna pierda recursos). Solbes rehusó dar cifras pero fuentes de la negociación apuntaron que el Gobierno baraja “unos 8.000 millones de euros” en tres años. ¿De dónde los sacará, con un pie en la recesión? Lo natural es elevar el déficit. El Gobierno de Chaves admitió que el Estado tiene “muy complicado” acopiar esos recursos extra y Griñán recordó que “hay límites en la estabilidad presupuestaria”.
El Ejecutivo de la nación planea que el modelo entre en vigor en el segundo trimestre de 2009, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Tras las vacaciones de Navidad, Zapatero retomará las reuniones bilaterales con los presidentes. El Ministerio confía en citar a todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de mes.
largo camino. El vicepresidente segundo y consejero de Economía del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, aseguró que el modelo es “un fiel reflejo” de los principios recogidos en el Estatuto andaluz y aprobados por el Parlamento. Pero advirtió: queda mucho camino. Andalucía no será la “más beneficiada” por el reparto de los fondos adicionales, admitió Griñán, porque en este modelo –vigente desde 2000– tampoco ha sido la más perjudicada. Estos recursos extraordinarios beneficiarán a las que más vieron aumentar más su población de la mano de la inmigración (Valencia, Baleares, Madrid o Cataluña) y a aquellas con más personas dependientes.
deuda histórica. La Junta no mostró preocupación por la deuda histórica. Asegura tener cerrada ya una cifra con Zapatero de “al menos” 1.148 millones de euros. Ese era su principal escollo. Ahora espera a ver los números y hacer cuentas. Eso determinará “la posición final” de Andalucía.
El que será el quinto modelo de financiación introduce como novedad principal que el 90% de los recursos de las autonomías dependerá de impuestos cedidos. Los gobiernos autonómicos ganan recaudación de IRPF, IVA e Impuestos Especiales y también capacidad normativa –poder de decisión para subir o bajar impuestos–. Eso permitirá, dijo Solbes, un “ajuste espontáneo”.
El modelo se articula sobre tres fondos. El de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales blindará una financiación por habitante igual en cualquier punto de España para sanidad, educación y dependencia. No está aún determinado qué porcentaje de recursos irá a este saco. Andalucía exige al menos el 80% y en esa línea se pronunció ayer Solbes. Cataluña lo rebaja al 60%. Un segundo Fondo de Suficiencia Global garantiza financiación para todas las demás competencias transferidas. Y un tercero, de nueva creación e inspirado por Andalucía, de Convergencia, corregirá los desequilibrios “por exceso” y “por defecto”. Compensará a las comunidades más ricas para evitar que no se sitúen por debajo en financiación per cápita. Y ayudará a las de “menor riqueza” a converger.