La Junta investigó de oficio el fraude de ayudas de la UE

cuando era consejero de Economía y  Hacienda "no conoció ni tenía que conocer los informes de la  Intervención" sobre los convenios suscritos en torno a las ayudas  sociolaborales y los expedientes de regulación de empleo, ya que "no  se le debía trasladar nada al no existir un menoscabo de fondos  públicos" en dichos expedientes auditados.
La consejera indicó a los medios que esos informes de la  Intervención se dirigían a la Viceconsejería de Economía y Hacienda y  que no se tenían que trasladar al consejero "salvo si se detectaran  problemas, en cuyo caso se hubiera derivado un informe especial de  actuación". Ha añadido que la propia Viceconsejería "no se leía con  detalle ni se le prestaba atención a esos informes si la Intervención  no llamaba la atención sobre algo mediante ese informe de  actuación".
En estos casos, ha explicado que en la tramitación de estos  expedientes sobre ayudas sociolaborales "nunca y en ningún caso se ha  detectado ninguna circunstancia ni ninguna acción o infracción que  supusiera un menoscabo de fondos públicos, por lo que no había nada  que trasladar y los resultados de todas las auditorías sólo se  enviaban de oficio a la Consejería y en ningún caso hubo un informe  especial de actuación; nunca se activaron los mecanismos que hubieran  hecho que fuera necesario poner en conocimiento esos expedientes del  entonces consejero de Economía y Hacienda".
Por ello, tras reiterar que Griñán "no tenía conocer sobre esto" y  aseverar que "en ningún caso se comentó esto con el presidente", la  consejera ha considerado una "difamación intolerable" y ha rechazado  las manifestaciones de algún partido político sobre que el presidente  de la Junta conocía los informes de la Intervención, ya que Griñán  "no conoció esos informes ni los tuvo que conocer".
"Ni Griñán supo, ni tapó ni está permitiendo ninguna irregularidad  y el que diga esto está mintiendo, lo desmiento con total rotundidad,  porque el presidente no conoce ninguno de estos informes porque no  tenía que conocerlos", ha aseverado la consejera, quien ha advertido  de que "si se siguen manteniendo este tipo de afirmaciones, en los  próximos días se actuará contundentemente".
Martínez Aguayo ha reconocido que la Intervención General emitió  una serie de informes, en los años 2005, 2006 y 2007, no vinculantes y con un decalaje de dos años, sobre los  procedimientos seguidos por la Consejería de Empleo donde comunicaba  que "no le parecía adecuado y cuestionaba el procedimiento y  consideraba que esas ayudas debían tramitarse como subvención  excepcional". 
Por su parte, a la Consejería de Empleo, como órgano responsables  de esas ayudas sociolaborales, sí le pareció adecuado ese  procedimiento establecido y así lo argumentó, apelando a la necesidad  de mantener la máxima agilidad en el procedimiento y considerando que  el procedimiento de subvención estaba muy reglado y era difícil  hallar la agilidad suficiente para la diversidad casuísticas de esas  ayudas sociolaborales". Empleo artículo este proceso a través de  convenios marcos que después se desarrollaban mediante convenios  específicos donde figuraban las personas afectadas por los ERE.
La consejera, quien muestra sus dudas, a título de opinión  personal, sobre si el procedimiento de subvenciones excepcionales  "era el más adecuado", aboga por "equilibrar el procedimiento de  forma que pueda ser perfectamente controlado, como ha sido el caso, y  tener la máxima agilidad en el procedimiento" y ha recordado que en  muchas ocasiones se ha decantado por la figura de encargo de  ejecución o la encomienda de gestión "y en esa línea vienen  trabajando las consejerías de Empleo e Innovación desde hace varios  años".  De esta forma, ha recordado que se cambió el sistema tras los  sucesivos informes de la Intervención "y los posteriores controles de  Intervención que se han efectuado han puesto de manifiesto mejoras  continuas en la gestión del procedimiento".
La consejera, quien ha recordado que ella fue viceconsejera del  ramo durante cinco años, ha recordado que la Intervención se rige por  el control financiero permanente, basado en los principios de  "confianza y responsabilidad" hacia la Consejería que marca cada  procedimiento --en este caso la de Empleo-- y ha explicado que esos  informes se remiten a la Consejería de Economía y Hacienda "como  órgano de quien depende la Intervención", de forma que "son más de  100 expedientes los que se reciben cada año en una tramitación  ordinaria".
No obstante, ha dejado claro que los procedimientos de auditoría  se rigen bajo el "máximo rigor" y ha apuntado que la Intervención "ha  hecho todos sus controles, que se han llevado a cabo correctamente,  auditando desde el principio hasta el final, siguiendo cada euro  desde su presupuesto hasta su pago en la entidad aseguradora; no ha  existido ningún descontrol y todos los euros se han sido  identificados por la Intervención y los auditores independientes".  "Ha existido toda la calidad en el proceso, aunque siempre cabe  cualquier mejora y se mejorará el procedimiento a la luz de esas  vulneraciones", ha agregado.
La consejera, quien ha agregado que se sigue un proceso de "mejora  continua de los procesos de control financiero en el tiempo", ha  explicado que la Intervención emite tres informes "el informe de  cumplimiento, el de cuentas e informe de cumplimiento de objetivos" a  lo que se suma la auditoría con una empresa independiente, en un  proceso "complejo y amplio que va produciendo mejoras secuenciales en  el tiempo". 
Martínez Aguayo ha reconocido que "no hay procedimiento de control  que sea perfecto, la perfección no existe y cuando alguien quiere  vulnerar el procedimiento, encuentra los resquicios". "Quien haya  tenido voluntad de vulnerar un procedimiento administrativo y quien  tenga voluntad de meter la mano, lo puede hacer y lo ha hecho", ha  agregado.