La Junta investiga viviendas sociales en poder de bancos
Con 58 casos, Jaén es la provincia andaluza en la que más se habría “obstruido” la función social de la vivienda y, por tanto, con el mayor número de expedientes sancionadores abiertos por la Junta a entidades financieras por el incumplimiento de la función social de la vivienda.
De los 98 inmuebles protegidos (VPO) que pertenecen a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o “banco malo”, y que la Consejería investiga para comprobar si fueron puestos a disposición de los registros municipales de demandantes, 41 están en la provincia. En el caso de los 185 en poder de otras entidades financieras, 17 se hallan en Jaén, según la información a la que tuvo acceso este periódico.
Por este motivo, la Consejería de Fomento y Vivienda mantiene abiertos procedimientos sancionadores por valor de 11,7 millones de euros al llamado “banco malo”, y de 11,1 millones a otras 8 entidades financieras, que son el Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Servihabitat, Anida Operaciones Singulares, Unión de Créditos Inmobiliarios y Building Center. En la provincia, el importe por los expedientes abiertos a la Sareb se eleva a 4.920.000 euros, ya que la sanción máxima que se contempla es de 120.000 euros por inmueble, mientras que las entidades financieras restantes se enfrentan a una multa que podría alcanzar 1.020.000 euros en su conjunto, puesto que la cuantía por la que se han abierto los expedientes es de 60.000 euros por cada vivienda. Tanto en un caso como en otro, la previsión de la Consejería es cerrar los expedientes con una resolución antes de que finalice el año. En su lucha por la función social de la vivienda, el departamento que dirige Cortés explica que fue en febrero cuando envió el requerimiento informativo a la Sareb sobre las viviendas protegidas que aseguraba poseer en la comunicad autónoma. Lo hizo después de que, en el informe que el Gobierno central incluyó en su recurso contra la Ley de la Función Social de la Vivienda ante el Constitucional, la entidad hubiera señalado que tenía 911. Sin embargo, ese volumen quedó reducido, en junio, a 98. Si, finalmente, la Consejería confirma que uno o más de estos inmuebles no han sido reglamentariamente puestos a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda, se abrirá un expediente de sanción muy grave por cada uno de ellos.
No obstante, la Sareb ya anunció que recurrirá la multa por vía administrativa. Cree que no hay justificación para sancionar ni para imponer una multa en su cuantía máxima.
En cuanto a las ocho entidades financieras restantes, la Consejería de Fomento y Vivienda abrió sendos expedientes entre los pasados meses de febrero y abril, después de examinar los listados de VPO remitidos por cada una de ellas. Los expedientes se abrieron por el incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Vivienda Protegida en un total de 185 casos (inmuebles) y, con las variaciones que pueda haber, en función de las alegaciones, que, actualmente, están en evaluación, podrían alcanzar los 60.000 euros por vivienda.
Como informan desde la Consejería, este procedimiento está más avanzado, ya que está acreditado que estas 185 VPO no aparecían en los registros de demandantes. No obstante, las entidades financieras han presentado alegaciones y están siendo evaluadas en estos momentos. Las alegaciones pueden ser admitidas o rechazadas en su totalidad o parcialmente, lo que condicionará las multas.