La Junta insta a FCC a desalojar los bajos esta semana

Así lo ha traslado el delegado provincial, Rafael Valdivielso,  durante la reunión que ha mantenido este lunes con el representante  de la comunidad de vecinos del edificio, Julio Higueras, a quien ha  precisado que la Administración autonómica ha dado de plazo hasta el  próximo fin de semana para que la citada compañía abandone la  actividad que desarrolla en estas instalaciones, de las que "vienen  disfrutando sin ningún tipo de documentación ni adjudicación en firme  por parte de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, que es la  entidad propietaria de esos bajos comerciales". En este sentido, según ha informado el Gobierno andaluz en un  comunicado, Valdivielso ha asegurado que la Junta de Andalucía no  puede permitir en sus viviendas y locales una ocupación que no es  legal y que no cumple los trámites administrativos estipulados por  normativa.  "No lo permitimos a ninguna familia y, por supuesto, no vamos a  permitirlo tampoco a ninguna empresa, que sin problema alguno, puede  perfectamente pagar un alquiler en cualquier lugar de la ciudad", ha  señalado el delegado, quien ha añadido que "más aún cuando los  propios vecinos del edificio nos vienen trasladando las molestias,  principalmente por ruidos, que viene causando esa ocupación a altas  horas de la mañana" y a la que van "a poner en fin en breve". Al respecto, la Delegación Provincial viene solicitando por  escrito desde el pasado mes de julio que la empresa cese la actividad  en esos locales, una petición que "se ha vuelto a efectuar esta misma  mañana poniendo como fecha tope para el desalojo o para el compromiso  de desalojo, este mismo fin de semana".  Además, el escrito remitido a FCC advierte que de no atender la  petición, EPSA se reserva el derecho a ejercer las acciones legales  precisas para recuperar el pleno dominio y uso y disfrute del derecho  de propiedad que la Junta de Andalucía ostenta sobre esos locales, al  tiempo que recuerda que, en su caso, EPSA podría "resarcirse de los  posibles daños que dicha ocupación ilegítima está provocando".
Por ello, el delegado ha concluido comprometiéndose con el  representante vecinal a que si no se lleva a cabo el desalojo de los  locales, la Administración iniciará la próxima semana un expediente  de desahucio para recuperarlos y poder incorporarlos al procedimiento  público de enajenación de inmuebles que tiene estipulada la empresa  pública para este tipo de bienes.
No obstante, Valdivielso ha apelado al sentido común de una  empresa "seria y solvente como FCC, de modo que se ha mostrado seguro  de que "entrará en razón y que comprenderá que la situación en la que  se encuentra utilizando un bien público de todos los andaluces, sin  cumplir los trámites, no puede permitirse bajo ningún concepto".