La Junta incorpora como colectivos en riesgo de exclusión a mujeres víctimas de violencia

El consejero de Empleo, Manuel Recio, manifestó en la rueda de  prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que, respecto a  la ley estatal, la principal novedad se deriva de que el decreto  andaluz incorpora como colectivos considerados en riesgo de exclusión  a las mujeres víctimas de violencia procedentes de casas de acogida o  programas de protección; a los emigrantes retornados con graves  necesidades personales o familiares; a las personas que tienen a su  cargo una familia monoparental; a los mayores de 50 años inscritos  como demandantes de empleo al menos doce meses ininterrumpidamente, y  a las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.

Estos grupos se suman a los ya definidos en la ley estatal, que  son perceptores de rentas mínimas de inserción o que no puedan  acceder a éstas por falta del período exigido de residencia o  empadronamiento o por haber agotado el período máximo; jóvenes de  entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de  menores; personas en proceso de rehabilitación por problemas de  drogodependencia y otros trastornos adictivos; internos de centros  penitenciarios que pueden acceder a un empleo en régimen abierto;  menores internos, y personas procedentes de servicios de prevención e  inserción social y de centros de alojamiento alternativo  autorizados. Las empresas reguladas podrán contratar a personas procedentes de  estos colectivos que se hallen inscritas como demandantes de empleo  en el Servicio Andaluz de Empleo y que hayan asumido un compromiso de  inserción. Otro requisito exigido es que destinen el 80% de sus  resultados a la mejora de las estructuras productivas y a iniciativas  de integración sociolaboral.

En cuanto al porcentaje mínimo de contrataciones para que una  sociedad mercantil se considere como empresa de inserción, el decreto  fija, al igual que la ley, un 30% sobre el total de la plantilla  durante los tres primeros años de actividad y un 50% a partir del  cuarto año. En el caso de sociedades laborales o cooperativas, el  cómputo tiene en cuenta tanto a los trabajadores por cuenta ajena  como a los socios trabajadores. De acuerdo con el decreto, las  entidades, asociaciones y fundaciones públicas y privadas sin ánimo  de lucro también podrán ser entidades promotoras de empresas de  inserción si sus objetivos incluyen la inserción sociolaboral de  personas en situación de exclusión social.

Incentivos

Recio señaló que las sociedades que cumplan con todos estos  requisitos podrán solicitar su calificación a la Consejería de  Empleo, que tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver y  notificar. Una vez calificadas, deberán inscribirse en el Registro de  Empresas de Inserción de Andalucía --cuya creación también se recoge  en la norma aprobada hoy-- como condición necesaria tanto para poder  participar en las políticas autonómicas de acción contra la exclusión  sociolaboral como para acceder a incentivos y medidas de apoyo. Según recoge la ley estatal, las empresas de inserción podrán ser  beneficiarias de ayudas financieras para su constitución, formación y  contratación; bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social;  subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo, e  incentivos a la inversión para la realización de su objeto social. La  definición de estas medidas corresponde a cada comunidad autónoma y,  en el caso andaluz, se concretará en una orden de ayudas.

Con independencia de esta regulación, la Junta de Andalucía ya  viene desarrollando políticas de respaldo a empresas que pueden ser  consideradas de inserción de acuerdo con los requisitos que ahora se  fijan. En los dos últimos años, este apoyo se ha traducido en ayudas  por valor de más de 1,8 millones de euros, que han hecho posible el  acceso al empleo de alrededor de un centenar de personas en situación  de exclusión. El consejero manifestó que ya hay 31 empresas que han  expresado su deseo de acogerse a la nueva normativa.