La Junta ha evitado más de 500 desahucios en dos años y medio
La realidad de la vivienda en España no deja de ser dramática. Los desahucios por lanzamientos hipotecarios o por los impagos de alquiler persisten, poniendo en entredicho la garantía del derecho constitucional a un techo que asiste a los ciudadanos de este país, pero, ante un problema que ha supuesto que miles de personas hayan perdido sus viviendas y que aún no se ha resuelto definitivamente, la oficina antidesahucios que la Junta de Andalucía puso en marcha en octubre de 2012 ha evitado, en los últimos dos años y medio, que se produjeran 524 desalojos.
De los 718 expedientes abiertos hasta el pasado junio, el ahora conocido como Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha conseguido que en un 70% de los casos se reestructurara la deuda hipotecaria. Y, en este logro —señala el delegado de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso—, tiene mucho que ver el código de buenas prácticas al que están obligadas las entidades financieras. “Hemos notado que los bancos prefieren negociar y quemar todos los cartuchos antes de llegar a una situación de desahucio”, apunta Valdivielso, que destaca la “bajada acusada” que se ha experimentado en el número de expedientes. En lo que va de año son 63, un número que prácticamente iguala al de los tres primeros meses de funcionamiento de la oficina, en 2013.
En todos los casos, el objetivo de este recurso habilitado por la Administración autonómica ha sido que el titular no perdiera la vivienda, subraya Valdivielso. Si no se ha conseguido a través de la dación en pago, con la condonación de deuda, se ha luchado por conseguir alquileres sociales. Y, en este sentido, el delegado de Fomento y Vivienda sostiene que hay “muchas entidades financieras” que están optando por esto último para evitar también convertirse en oficinas inmobiliarias, con un stock de pisos del que difícilmente pueden deshacerse por sí mismas. De hecho, la consecuencia de estos problemas es la venta de paquetes de inmuebles a fondos buitre ante los que los antiguos propietarios ven coartada su capacidad de negociación.
Otro de los “logros” de esta oficina de intermediación ha sido —según Valdivielso— que, en este tiempo, “no se ha llevado a cabo ningún lanzamiento sobre las viviendas que estaban incursas en un proceso de ejecución hipotecaria”. Pero no todo son buenos datos en este balance. De esos 718 casos atendidos desde octubre de 2013, hay 76 en los que se ha perdido la batalla. De ellos, el 67% son familias desahuciadas por el impago de alquiler. El resto, por ejecución hipotecaria.
La realidad sigue siendo dramática, pero ante ella, la Administración autonómica se jacta de no estar cruzada de brazos. Lo próximo será vincular también a diputaciones y ayuntamientos contra esta lacra.