La Junta gestionará el Guadalquivir durante los próximos seis meses

Así lo han anunciado la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y  Marino, Rosa Aguilar, y la consejera de Presidencia andaluza, Mar  Moreno, en la rueda de prensa posterior a la celebración de la  Comisión, en la que también han participado, por parte del Gobierno  central, el vicepresidente tercero y ministro de Política  Territorial, Manuel Chaves; y los consejeros de Hacienda y Medio  Ambiente, Carmen Martínez Aguayo y José Juan Díaz Trillo,  respectivamente, por parte de la Junta andaluza.

Junta y Estado han coincidido en señalar la "celeridad" de las  negociaciones y del acuerdo, "fruto del diálogo", y han anunciado  asimismo que se creará una Subcomisión, enmarcada en la Comisión  Bilateral, formada por seis personas de la Junta y otras tantas de la  Administración General del Estado, que trabajarán en la "respuesta  definitiva" a este asunto.

El convenio será rubricado el próximo lunes por Aguilar y Díaz  Trillo en la sede del Ministerio en Madrid y, como ha resumido la  primera, significa que durante los próximos seis meses la gestión de  todo lo que son los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las  aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por  Andalucía lo llevará la comunidad autónoma. 

"DIQUE DE SEGURIDAD"

Se trata de un "dique se seguridad" hasta que se acuerde el modelo  definitivo, ha resumido Moreno, que ha apuntado, además, que recogerá  la seguridad jurídica del periodo anterior, es decir, que los actos  dictados desde que Andalucía asumió las competencias "no son  susceptibles de ser modificados", con independencia de que, quien así  lo desee, estará legitimado para recurrir a la vía judicial.

De este modo, durante los próximos seis meses esa Subcomisión  trabajará para buscar una solución definitiva que defina el nuevo  modelo de gestión ante una situación que, como ha dicho Moreno, es  "excepcional" porque "no hay precedente en nuestro país que afecte a  una transferencia que ya estaba en vigor". Al respecto, la  responsable de Presidencia ha subrayado la "complejidad jurídica" del  asunto, que "va más allá de la voluntad política ya que ésta ya está  encauzada".

Moreno ha indicado que ese nuevo modelo de gestión de competencias  debe garantizar "el máximo protagonismo posible" de Andalucía, región  por la que transcurre el 90 por ciento del curso del río, y respetar  "al 100 por cien" la sentencia del Tribunal Constitucional y el  Estatuto de Autonomía que, según ha recordado, "sigue teniendo  artículos vivos en materia de aguas".

La consejera andaluza ha profundizado en que el trabajo de la  Subcomisión se centrará en analizar los escenarios constitucionales,  realizará un estudio "pormenorizado" de las competencias de  transferencia y trabajará en buscar alternativas de modelo y "en  cualquier incidencia que pueda haber".

Con respecto a los funcionarios y, en general sobre los medios,  tanto materiales como humanos o financieros, no sufrirán cambios en  este periodo transitorio. "No habrá novedades hasta el nuevo modelo",  ha resumido.

DIALOGO CON EXTREMADURA

Después de que Moreno asegurase que no corresponde a la Junta  abordar este asunto con otras comunidades autónomas implicadas, más  allá del habitual diálogo institucional, la ministra de Medio  Ambiente ha querido dejar claro la "diferencia" entre el trabajo, que  será con la Administración andaluza, y la "información" o el  "contacto", que continuará siendo "cotidiano y habitual" con el resto  de las regiones.

"Con quien tenemos que resolver las cosas y trabajar es con la  Junta, a la que han declarado inconstitucional un artículo de su  Estatuto", ha recalcado Aguilar, que ha añadido que el "diálogo es  permanente y constante con el resto de las Comunidades Autónomas".