La Junta cierra las nueve Cámaras Agrarias y despide a sus empleados

Un sobre, con la carta de despido, y un cheque para cobrar lo que la Administración ha calculado que les corresponde por quedarse sin empleo. Eso es lo que se encuentran, desde el viernes, aquellos que, en algunos casos, desde hace treinta años, tenían un puesto de trabajo en las nueve Cámaras Agrarias de la provincia. Estas entidades se repartían entre Jaén, Baeza, Castillo de Locubín, Frailes, LaHiguera, Pozo Alcón, Valdepeñas, Torredonjimeno y Úbeda. Las oficinas sustituyeron a las antiguas hermandades de labradores y nacieron, hace casi un siglo, para convertirse en un órgano de representación de los trabajadores del campo y auxiliarles en todos aquellos trámites derivados de su profesión. Con el nacimiento de las organizaciones agrarias, el papel de las cámaras cada vez era más testimonial e, incluso, dejaron de tener entre sus empleados a los guardas de campo, al asumir estas labores de vigilancia los ayuntamientos. La Junta de Andalucía también asumió la mayoría de competencias. El abogado José María Muriel, que representa los intereses de la docena de trabajadores de las cámaras que todavía había en Jaén, reconoce que, prácticamente desde hace un año, las oficinas no “tenían sentido”. Otra cosa distinta es que las personas a sueldo no estén de acuerdo con perder sus puestos ni con la forma de cómo se hace desaparecer a estas instituciones.
El Boletín Oficial de la Junta publicaba, en 2010, publicó una orden de la Consejería de Agricultura y Pesca en la que se establecía las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la comisión liquidadora de las Cámaras Agrarias y se regulaba el procedimiento para enajenar los bienes, derechos y obligaciones que constituyen su patrimonio. El abogado explica que los gestores del cierre decidieron aplicar, en primer lugar, un expediente de empleo en base a criterios organizativos y económicos, medida que, aclara, finalmente, no se llevó a cabo. Casi sin tiempo de por medio, se impulsó otro nuevo expediente, esta vez, según el representante de los empleados, por “causas de fuerza mayor”. Fruto de esta última acción, precisa el abogado, sus clientes, en muchos casos de vacaciones, reciben, en estos días, la notificación oficial que les conmina a abandonar su puesto, al tiempo que se les informa de que las oficinas serán clausuradas y sus cerraduras cambiadas. Junto con el despido, a los exempleados les llegó su indemnización. Como máximo, les corresponde, según se dejó claro a este periódico, veinte días por año trabajado, aunque con un límite de doce mensualidades, como establece la ley para un despido procedente por causas objetivas. Hoy, informa el abogado, los afectados por esta decisión del Gobierno andaluz están llamados a una asamblea en la capital cordobesa. En la reunión, adelanta el letrado, se aprobará previsiblemente, el recurso de los ceses con el objetivo de que sean considerados despidos improcedentes y de esta forma, al menos, perciban el máximo fijado para estos casos. José María Muriel critica la forma en la que se ha notificado a los despedidos la baja como personal de las cámaras, sin tiempo apenas, afirma, para realizar las alegaciones precisas.
Santiago López, de la Cámara Agraria de Castillo de Locubín, y portavoz de sus compañeros en la provincia, tiene claro que esta decisión de la Junta traerá problemas para los que la “sufren” al quedarse en la calle con una media de edad que ronda los cincuenta años, y en un momento muy complicado para encontrar otra colocación. A ello se suma que la indemnización la considera “ridícula”, al rondar, según sus propios cálculos, los dieciocho mil euros. Ante esta realidad, López dejó claro que la postura de todos los trabajadores de estas entidades no es otra que la de rechazar de plano su despido. José Rodríguez Cámara /Jaén

La consejera de Agricultura cree que son “instituciones obsoletas”
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía eludió, ayer, hacer declaraciones al respecto de los despidos que ya se ejecutan en las cámaras agrarias andaluzas y jiennenses. No obstante, fuentes de esta área del Gobierno andaluz se remitieron a la respuesta parlamentaria, a requerimiento del PP, de la consejera Clara Aguilera, para aclarar la postura del Gobierno andaluz sobre esta cuestión. Aguilera afirmó que estas entidades, según sus palabras, recogidas por agencias, “se deberían haber liquidado  hace un año”. En este tiempo, no obstante, la Administración andaluza intentó, como precisó la política, que los trabajadores pasaran también a formar parte de las organizaciones profesionales agrarias, junto con el patrimonio de las cámaras, que se les entrega dentro del proceso liquidador. En respuesta a los populares, Aguilera, en el Parlamento, aseguró “estar orgullosa de extinguir las Cámaras Agrarias, porque, argumentó, “sus funciones las realizaba la Consejería”. Eran obsoletas y sin sentido”, abundó, aunque, eso sí, lamentó el despido de los trabajadores. Aguilera apostilló que el conjunto de estas oficinas en Andalucía tenían en nómina a 74 trabajadores. “No era personal laboral de la Junta”, aclaró la responsable andaluza de Agricultura que, además, esgrimió que 68 empleados formaron parte de un expediente de regulación de empleo y seis fueron prejubilados. La consejera apuntó que el Gobierno andaluz negoció con las organizaciones para que      absorvieran a los trabajadores, ya que a estas entidades se les cedió el patrimonio sin coste alguno. Al no ser posible, la Junta, dijo, creó
una comisión liquidadora y presentó el expediente regulador de empleo que actualmente se aplica.