La Junta baraja que las hipotecas de VPO puedan aplazarse 4 años
Redacción / Sevilla
El ex concejal de Sevilla Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha aterrizado en la Junta con la idea de exportar en el ámbito regional las políticas que impulsó en el área de Urbanismo en el Ayuntamiento. La Administración autonómica baraja que las hipotecas de VPO puedan aplazarse cuatro años.
Redacción / SevillaEl ex concejal de Sevilla Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha aterrizado en la Junta con la idea de exportar en el ámbito regional las políticas que impulsó en el área de Urbanismo en el Ayuntamiento. La Administración autonómica baraja que las hipotecas de VPO puedan aplazarse cuatro años.
La capital andaluza siempre ha llevado la delantera en materia de VPO —es de lejos la que más pisos protegido promueve— y el recién nombrado secretario general de Vivienda, Suelo, Arquitectura e Instituto de Cartografía pretende llevar este ejemplo a todos los rincones de la comunidad. En concreto, Gómez de Celis propondrá a la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, elaborar un reglamento o algún tipo de desarrollo normativo para que todos los municipios andaluces den ayudas a aquellos que no pueden pagar su VPO porque la crisis los ha dejado en el paro.
Lo avanzó en una entrevista a El Correo: “Quiero que sea de obligado cumplimiento en Andalucía”. En Sevilla, el consistorio puso en marcha esta medida en 2008 y se han acogido a ella unas 200 personas. La empresa pública municipal de la vivienda, Emvisesa, ofrece a los desempleados que les ha tocado una VPO y no pueden pagarla dos opciones: aplazar unos años su acceso a un piso protegido o posponer hasta cuatro años el pago de la hipoteca, que asume Emvisesa. Todo para que el adjudicatario no pierda su derecho.
La Junta habilitó el año pasado una iniciativa similar, también para contrarrestar los efectos de la crisis. Consiste en que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) compre las VPO cuyos beneficiarios no puedan obtener un préstamo y se las alquile con opción a compra por 324 euros al mes. El objetivo del plan de rescate es desbloquear la entrega de promociones que se topan con problemas de financiación puntuales. Y otra de las medidas que la consejería está a punto de sacar, con un mayor tinte social, es la que evitará que unas mil familias —según sus cálculos— pierdan su casa porque no pueden hacer frente a la hipoteca. Aseguran que hay una partida reservada para ello en el Presupuesto de este año, aunque aún se desconoce, y la ayuda se canalizaría a través de una convocatoria abierta que se mantendrá mientras persista la sangría del paro. Lo más difícil está siendo encajar jurídicamente la medida contra el desahucio.
Gómez de Celis también propondrá a la consejera que toda la vivienda pública de alquiler sea con opción a compra, tal y como ocurre en Sevilla con el nuevo parque inmobiliario de la ciudad. “Es una medida muy oportuna en estos tiempos de crisis”, señaló.