La Junta autoriza tres proyectos de investigación para localizar yacimientos de hidrocarburos
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha otorgado a la compañía Oil & Gas Capital, SL, tres permisos de investigación para analizar las posibilidades de encontrar yacimientos de hidrocarburos -petróleo y gas natural- en tres zonas de las provincias de Jaén y Sevilla.
Las autorizaciones, para un periodo de seis años, se vinculan a programas de trabajo que supondrán una inversión empresarial mínima de 7,85 millones de euros. Estas investigaciones incluirán estudios geológicos, geoquímicos y sísmicos.
En la provincia de Jaén se explorarán dos zonas. La primera de ellas, de 40.812 hectáreas, se distribuye entre los municipios de Baeza, Bedmar y Garcíez, Begíjar, Jaén, Jimena, Lupión, Mancha Real, Torreblascopedro, Torres, Ubeda y Villatorres. La segunda ocupa una superficie de 27.208 hectáreas en Baeza, Bedmar y Garcíez, Cazorla, Jódar, Peal de Becerro, Quesada y Ubeda.
La zona de exploración en la provincia de Sevilla tiene una extensión de 27.208 hectáreas y se reparte entre los municipios de Albaida del Aljarafe, Alcalá del Río, La Algaba, Bollullos de la Mitación, Camas, Castilleja de Guzmán, Espartinas, Gerena, Guillena, Olivares, La Rinconada, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Sevilla, Umbrete, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal.
La comunidad autónoma tiene la competencia para el otorgamiento de este tipo de autorizaciones en su ámbito territorial, reconocida por la Ley estatal del Sector de Hidrocarburos aprobada en 1998. Los permisos tienen carácter preliminar, de forma que los trabajos asociados requerirán en su desarrollo nuevas autorizaciones adicionales, cada una de ellas con su correspondiente trámite ambiental y de información pública.
Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Mar Moreno, en el caso de que las investigaciones fructifiquen e indiquen la viabilidad del proyecto, la
autorización de la explotación del yacimiento corresponderá al Gobierno central, previo informe de la Administración autonómica.